Lucía Pinto ha sido invitada a
opinar, pero se excusa porque está estudiando los antecedentes…
Su defensa, en el informe de Contraloría dice que ella «Fue diligente dentro de sus atribuciones y competencias, siendo asesorada por personas de confianza».
Dentro del extenso informe de Contraloría en el caso del presunto fraude al fisco conocido como el Papaya Gate, que se hizo público durante la semana pasada, la ex intendenta Lucía Pinto, a través de su abogado, Samuel Donoso, presentó sus descargos, en donde afirma que «no actuó con la intención y objetivo inequívoco de eludir el control preventivo de legalidad, por el contrario, fue diligente dentro del ámbito de sus atribuciones y competencias, siendo asesorada en todo momento por personas de su confianza».
En agosto del 2020, la Contraloría General de la República determinó realizar un sumario en la ex Intendencia de Coquimbo, ahora Gobierno Regional, por la compra de terrenos el sector de El Milagro, en La Serena, por más de $9.800 millones de pesos, aunque su valor comercial no superaba los $4.000 millones, con la intención de construir un complejo deportivo.
Los antecedentes fueron derivados a la Fiscalía de Valparaíso, quienes iniciaron una investigación por presunto fraude al fisco, que terminó con la renuncia de la entonces intendenta Lucía Pinto Ramírez (UDI) en septiembre del mismo año, caso que ha sido mediáticamente conocido como el Papaya Gate.
En ese contexto, durante la semana pasada se dio a conocer un informe de Contraloría de más de 320 páginas, en donde se aprueba el sumario administrativo y además se proponen medidas disciplinarias, en donde la principal sancionada es precisamente Lucía Pinto, a quien se le sindica por «haber infringido gravemente el principio de probidad administrativa», aplicándole la medida disciplinaria de destitución.
Se trata de la mayor sanción administrativa que contempla la Ley General de Bases de Administración del Estado que rige a los funcionarios públicos. Como el organismo fiscalizador propone el castigo, quien debe confirmarlo o rebajarlo es el Presidente de la República, Gabriel Boric.
Los descargos de
Lucía Pinto
Dentro de informe de Contraloría, la ex intendenta Lucía Pinto, a través de su abogado Sergio Donoso, presentó sus descargos a la entidad fiscalizadora, en donde hace referencia a la trayectoria de la ex autoridad, y de paso solicita se desestime en todas sus partes las eventuales sanciones.
Si bien, la ex intendenta suscribió el contrato de compraventa celebrado el 3 de julio de 2020, «no lo hizo con la intención y objetivo inequívoco de eludir el control preventivo de legalidad de la resolución que lo aprobara en los términos planteados por el cargo, por el contrario, fue diligente dentro del ámbito de sus atribuciones y competencia, siendo asesorada en todo momento por personas de su confianza -con quienes trabajó en conjunto durante muchos años en el mismo GORE en una administración exitosa».
«Por lo que en su consciencia estaban realizando una operación que tenía como fin último, fundar una nueva presentación ante la Contraloría Regional de Coquimbo para que finalmente diera su aprobación respectiva para proceder a perfeccionar la compraventa de manera acorde a la ley» señala la defensa.
Además, del informe se desprende que Pinto habría ignorado la forma en que las inmobiliarias involucradas se habrían acercado a la Municipalidad de La Serena y al Gobierno Regional, conociendo de la existencia de una carta de intención de venta de 22 de enero de 2019, suscrita por Pablo Bracchitta Krstulovic, cuando aquel antecedente fue acompañado a la investigación penal seguida en su contra.
En ese sentido, la ex intendenta afirma que «que no conocía al señor Bracchitta Krstulovic ni a las demás personas naturales vinculadas a las sociedades oferentes. En ese mismo contexto, tuvo conocimiento de que el 30 de septiembre de 2019, Bracchitta habría actualizado la carta de oferta, fijándose el precio en pesos y no en UF, para evitar el aumento del valor del precio y existió un ajuste de los metros producto de una cesión a utilidad pública, al menos 3.776 metros cuadrados habrían sido cedidos por las inmobiliarias a utilidad pública, para un ensanche de una calle.
Respecto al precio total de los lotes, Pinto indica que «no le llamó particularmente la atención puesto que tenía referencia de precios de terrenos por la evaluación realizada por el Servicio de Salud Coquimbo por las ofertas privadas que se presentaron para la construcción del Hospital de La Serena y porque era de público conocimiento que se había aprobado el Plan Regulador Intercomunal (PRI), en cuya tramitación se venía trabajando desde el año 2011, que todos estaban esperando y que estimaban que podría impactar en el mayor valor de los terrenos».
En relación a José Cáceres Rojas, señala que era un funcionario de exclusiva confianza de la ex autoridad, quien lo llevó para hacerse cargo de la DIPLAN del Gobierno Regional, siendo nombrado como Administrador Regional el 4 de marzo de 2020, y aceptando su renuncia el 1 de septiembre de 2020.
Luego, menciona que la relación con Contraloría Regional se había vuelto tensa, por el tema de las reconsideraciones y por otros, entre los cuales se encuentra un reparo en la entrega de cajas de alimentos (en relación a exigencias que impedían agilizar la compra de cajas para ir en ayuda de familias necesitadas), por lo que decidió aceptar la renuncia de José Cáceres Rojas para intentar destrabar aquel conflicto.
