Vicente Hormazábal lleva esta causa desde 2016, cuando se procesó a cuatro militares del Ejército en calidad de autores de los delitos de tormentos cometidos en contra de 24 personas entre septiembre y noviembre de 1973. Una investigación en paralelo a la Caravana de Muerte, ocurrida en octubre. Abogada querellante dice que se busca «desviar el debate central, de responsabilidades de delitos que se cometieron hace 50 años»
A meses de conmemorar los 50 años del Golpe de Estado, en la región de Coquimbo hay procesos que todavía siguen abiertos. Como los hechos que ocurrieron en el Regimiento Arica entre el 11 de septiembre y el 25 de noviembre de 1973.
En esa causa, que lleva el ministro Vicente Hormazábal, se procesó en 2016 a cuatro miembros del Ejército en calidad de autores por los delitos de tormentos cometidos en contra de 24 personas: Ariosto Lapostol, Juan Emilio Cheyre, Ojeda Torres y Larenas.
Sin embargo, con un escrito ingresado hace unos días ante la Corte de Apelaciones de La Serena por la defensa del ex comandante en jefe del Ejército, se busca inhabilitar al ministro en visita, a quien se acusa de falta de parcialidad en el caso que investiga la presunta participación del general (r) en la violación a los derechos humanos.
Adriana Rojas, abogada de cinco de las víctimas en la causa, se refiere a este escrito como «una manipulación de parte de la defensa, propia de una conducta negacionista, y que se enmarca en un contexto donde Juan Emilio Cheyre ha sido condenado por la Corte de Apelaciones de Santiago por el paso de la Caravana de la Muerte, y en estos momentos está en tabla para discutirse ante la Corte Suprema, que podría condenarlo definitivamente».
En su escrito, incluso, señalan una especie de venganza que habría de parte del ministro, «lo que me parece incluso una falta de respeto en contra de un miembro de la judicatura», dijo Rojas.
«¿Qué es este procedimiento, entonces, una forma de venganza o desquite frente al procesado, de quien se sospecha su responsabilidad e violaciones de los derechos de las víctimas?». Esto es parte del escrito presentado por el abogado Bofill, según consignó Diario La Tercera.
Investigación
acuciosa
El ministro Hormazábal lleva la investigación de esta causa desde 2016, y desde entonces, reconoce Rojas, «se ha investigado acuciosamente; se han tomado declaraciones a cientos de testigos que ha pedido la defensa de Cheyre, muchos de ellos que ni siquiera estaban en el regimiento, y aun así se les ha tomado declaraciones».
Asimismo, apunta a que se ha tomado en cuenta toda la prueba que ha rendido la defensa, «y todavía así, se ha llegado a la convicción de que existe responsabilidad de parte de estos tres militares, no solo de Juan Emilio Cheyre. Para que quede claro, esta acusación no es solo contra Cheyre, como se ha intentado establecer de parte de la defensa, sino que en contra tres militares por haber cometido delitos de tortura».
Si bien esta causa aún se encuentra en la etapa de acusación y podría arribar a una condena efectivamente, «es claro que la defensa busca desviar el debate central, de responsabilidades de delitos que se cometieron hace 50 años, porque hay un sinfín de testigos que reconocen a Juan Emilio Cheyre como autor de las torturas, y eso consta en la carpeta de investigación, además de un montón de otros elementos incriminatorios en contra del ex comandante en jefe del Ejército».
A juicio de Rojas, «es una conducta victimizante por parte de un victimario», y por eso las víctimas han tomado contacto y están preocupadas por lo que está ocurriendo.
«Esta situación es bastante grave, porque la defensa presenta una recusación en contra del ministro Vicente Hormazábal por estas mismas opiniones, y es importante señalar que él es designado como ministro investigador por la Corte de Apelaciones de La Serena.
ecordemos que Juan Emilio Cheyre se tituló -en su momento- como el general del nunca más, pero en esta causa es responsable de torturas cometidas contra mujeres y hombres».
En la misma línea, espera que la Corte de Apelaciones pueda referirse a esta recusación que pone la defensa, «y evaluar todos los antecedentes que se tienen a la vista, y que dicen relación con elementos legales y no solo con meras opiniones, que es lo que abunda en los escritos de la defensa».
A 50 años de ocurridos los hechos, lamenta la abogada que todavía no exista «una justicia oportuna para las víctimas, puesto que estamos hablando que recién hace algunos años se acusó a Juan Emilio Cheyre y a otros militares como responsables de torturas cometidas en contra de 24 personas, de las cuales cuatro han fallecido. En este periodo de tiempo, más que realmente implicar una efectiva reparación, ha pasado todo lo contrario, toda vez que la espera y la angustia que genera esta situación a las víctimas, incluso en algunos casos para nosotros como sus abogados, es complejo».
