Pese a que la Defensora Nacional de la entidad que resguarda los derechos de los niños ante la justicia, Patricia Muñoz, señala que no quiere ralentizar el proceso, lo cierto es que la solicitud realizada al tribunal tendría ese efecto y la audiencia de Preparación de Juicio Oral, programada para el día 15 de febrero, se vería postergada si la solicitud de la defensoría tiene éxito. De no ser así, dejarían de ser intervinientes en el caso.
Preocupación existe al interior de la Defensoría de la Niñez, ya que podrían dejar de ser intervinientes en el caso Melissa debido a un eventual error de su departamento jurídico, al no haber presentado su acusación particular dentro de los plazos establecidos por el tribunal.
NULIDAD PROCESAL
Tal como informó ayer Diario La Región, desde la Defensoría presentaron una representación ante el Juzgado de Garantía de Coquimbo en la que solicitan la Nulidad Procesal, «por falta de emplazamiento válido conforme a los artículos 159 y siguientes del Código Procesal Penal», consigna el documento, firmado por la abogada de la entidad que resguarda los derechos de los niños ante la justicia, María Francisca Barra Díaz.
En principio, con este recurso, si es acogido por el tribunal, todo el proceso se retrasaría, ya que no podría llevarse a cabo la audiencia de preparación de juicio oral que está prevista para el 15 de febrero. Ese día, la Defensoría de la Niñez expondrá sus argumentos para obtener la nulidad procesal, y de tener éxito debería fijarse una nueva fecha para la APJO (Audiencia de Preparación de Juicio Oral), que deberá ser dictaminada por los jueces.
El anterior es uno de los escenarios posibles, ya que otra de las posibilidades, no poco factibles, es que finalmente los magistrados declaren como «abandonada la querella», por lo que la Defensoría de la Niñez ya no sería parte en uno de los casos de vulneración infantil más terribles ocurridos en el país en los últimos años.
LOS ARGUMENTOS
Los argumentos que sostienen el recurso de la Defensoría y que están consignados en el documento de siete páginas emitido al poder judicial, tienen que ver con una presunta falta de comunicación fluida entre el interviniente y el tribunal. Los querellantes aducen no haber sido notificados oportunamente de algunas audiencias, no pudiendo asistir, con todo el perjuicio que ello conlleva, como, por ejemplo, no disponer de toda la información debidamente en los plazos que correspondían.
En uno de los puntos se señala que se solicitó al tribunal que «se decretara reserva y confidencialidad en la causa respecto de terceros ajenos al procedimiento, exigiendo que se permita el acceso a revisar la causa a través de la oficina virtual sólo a los intervinientes (a ellos mismos)», pero esta petición no habría sido resuelta, por lo que no pudieron acceder a la causa y la tuvieron que solicitar nuevamente por escrito el día 18 de enero, y luego el 19, donde además se requirieron -por parte de la Defensoría- los datos para poder conectarse vía zoom a la audiencia del día posterior, sin tener respuesta por parte del tribunal. «Ante la ausencia de respuesta, el día 20 se toma contacto telefónico con el tribunal a primera hora del día, ante lo cual nos notifican que la audiencia había sido suspendida por despacho en el tribunal, a lo que preguntamos los motivos de la suspensión, respondiéndonos el funcionario que no nos puede dar información respecto al motivo de la suspensión, toda vez que esta causa está reservada, indicándonos al efecto que hay agendada nueva fecha de audiencia para el 15 de febrero», consigna el documento emitido por la Defensoría. Este punto es clave, ya que en la Defensoría señalan que se enteraron que la APJO se realizaría el día 15 de este mes, cuando ya estaba decidido, por lo que no habrían tenido claro cuáles eran los plazos límites para presentar la acusación particular.
Se reclama, además, que siguieron pasando los días y continuaban sin tener acceso a la causa. De hecho, cuando se les notifica para una audiencia de cautela de garantía en favor de Mirta Ardiles para el 30 de enero, todavía no podían ingresar a la oficina virtual, pudiendo hacerlo sólo el día 31.
«NO QUEREMOS
RETRASAR EL JUICIO»
Consultados respecto al tema y a un eventual retraso del juicio, la jefa Nacional de la Defensoría de la Niñez, Patricia Muñoz, declaró todo lo contrario, señalando que para ellos lo fundamental es que el proceso avance dentro del plazo establecido, pero claro, esto no sucederá si su propio recurso es acogido.
«Como Defensoría de la Niñez pretendemos que los procesos judiciales avancen con la mayor celeridad en aquellas situaciones que involucran a niños, niñas y adolescentes como víctimas, y el caso de Melissa no es la excepción, por lo tanto, obviamente cualquier retraso en la realización del juicio, en el que además esperamos una sanción acorde al daño irreparable provocado por los acusados, es un retraso que no queremos observar, así que esperamos que la audiencia se lleve a cabo el día previsto y que de esa manera podamos ya tener fecha de juicio y poder sancionar la responsabilidad de quienes han cometido estos delitos», expresó Muñoz.
EL CASO
Cabe señalar que Melissa Chávez, de 12 años, según la tesis de la Fiscalía, fue brutalmente asesinada por su madre, Mirta Ardiles, quien posteriormente quemó la casa en la que residía junto a la víctima (su hija), el padrastro de esta, Luis Santander, y el hermano menor de Melissa, de 5 años.
Quien también está imputado en el caso es Luis Santander, que en su momento fue denunciado por abuso sexual contra «la Meli», pero posteriormente fue absuelto de los cargos debido a que la misma madre se retractó.
Santander no sólo habría abusado de Melissa el mismo día del asesinato, sino que además la habría violado de manera permanente en el tiempo, en reiteradas oportunidades, aparentemente con la complicidad de la madre.