Sesenta vecinos de distintos sectores de Coquimbo, pertenecientes al comité «Esperanza de la Familia», dicen sentirse estafados por la mujer C.R.L., quien reside en la zona, la que tras reunirse con ellos de forma personal en distintos barrios de la comuna, luego de ser recomendada y contactada por los mismos afectados, que supieron de su supuesta experiencia en la tramitacion de subsidios en otros comités, les solicitó dinero, en promedio $ 300.000, con la excusa de acelerar gestiones ante el Servicio de Vivienda y Urbanismo, Serviu, y el municipio, sin que nunca lograran nada.
Convencidos que habían sido estafados, formalizaron una denuncia por ese delito.
En la diligencia fueron acompañados por el diputado Francisco Eguiguren y el concejal Guido Hernández.
Cecilia Cortes, una de las personas afectadas, da cuenta que «esta señora siempre decía que todo iba bien, pero después decía que como se habían retirado dos a tres personas del Comité, necesitaba más plazo. Así fue ganando tiempo y más tiempo. Ella siempre hablaba de un señor del Serviu, de apellido Peñafiel, y que él iba a hacernos los papeles para nuestras casas».
Debido a las múltiples postergaciones es que empezó a sospechar. «Yo a ella la consideraba mi amiga. Me conversaba que siempre todo iba bien. Pero yo supe por otra gente del Comité, que no pasaba na-da con las viviendas ofrecidas, aun cuando a mí incluso me llevó a ver unas casas en Punta Mira Norte. Algunas estaban vacías, pero ahora supimos que esas esas casas tienen otros dueños. En resumen, puros engaños. Por eso vamos a hacer un demanda, para que devuelva la plata».
María Espinoza siente mucha impotencia al saber que fue engañada. «Ahora supe que no va a haber ninguna casa. Estoy en el Comité desde octubre del año pasado. Esta señora me decía que el 1 de noviembre me iban a entregar la casa. Después, que el 15, y así fue dando otras fechas… Había mucha gente como yo. La encargada siempre habló que estábamos en el Serviu pero nunca nos mostró ningún papel de allí. Yo le pase $ 325.000, y el recibo que tengo es un papel que ella me firmó de su puño y letra. Yo quiero que me devuelva la plata y que responda ante la justicia». Mención aparte realizó de unas amenazas que recibió de parte de C.R.L., al enterarse que iba a recurrir al diputado y al concejal en busca de ayuda. «A mí ella me llamó por teléfono y me dijo que como era posible que yo le fuera a hacer una denuncia con los demás, cuando ella me quería mucho. Después me volvió a llamar y me dijo que su marido estaba tomando y estaba jalando, y que ella no iba a responder cuando él supiera sobre quienes habían hecho alguna denuncia.
Ahí iba a quedar la cagá. Yo le dije que si ella me amenazaba que yo no le tenía miedo ni a ella ni a su marido, y ella me respondió que no estaba amenazando, que no metiera a su marido, porque él no tenía nada que ver».
Otra de las afectadas, Marisel Villegas, dice que creyó «ciegamente» en la encargada del comité. Incluso renunció a su antiguo comité, Guayacancito. Ahora está arrepentida. «Me metí sin pensar que esto era un estafa. Le creí a esta señora que en un mes podríamos acceder a las casas. Dijo que eran de una constructora que trabajaba con un programa social del gobierno. Le pedí que fuera sincera conmigo, porque si no era verdad lo que ella prometió yo no me iba a inscribir en su comité, y a así, ahora perdí 12 años de postulación con el comité Guayacancito (se emociona), porque confié en que ella me iba entregar una casa. Junto con otras tres personas más, que confiamos en esta señora, le entregamos en total $ 1.070.000».
El diputado Francisco Eguiguren remarcó que la denuncia ante el Ministerio Público busca iniciar un proceso investigativo en contra de C.R.L., «para que reciba las máximas sanciones legales en caso que sea comprobado que cometió un delito de estafa o de otro tipo».
«Acá tenemos a 60 familias o más que fueron supuestamente estafadas. Se les exigió un dinero, que entregaron a la persona denunciada, pero todo resultó ser una mentira.
Se investigará incluso «si existen funcionarios del Serviu comprometidos en esta super estafa”, afirmó el legislador.
Además, el parlamentario indicó que una vez que se compruebe la participación de la denunciada y de otras personas en algún ilícito, presentará una demanda judicial.
“Ahora estudiaremos interponer una querella de forma posterior en contra de quienes resulten responsables de todo esto, porque con la ilusión de la casa propia de las familias más humildes no se juega, menos en esta situación, con personas a las que se les hizo renunciar a sus propios comités para participar de esto, porque supuestamente la casa les iba a llegar más rápido”.
A su vez, el concejal Guido Hernández dijo que continuará ayudando a los afectados, a pesar que recibió amenazas por su cometido, lo que lo llevó a pedir medidas de protección a la autoridad policial. “Esta situación es grave, y siento algo de temor porque tres de los vecinos me hacian ver que esta señora habría mandado mensajes de que esto no me iba salir gratis, por eso yo estoy preocupado por la integridad de todos los vecinos afectados y por mi propia integridad».