Orden judicial de desalojo de toma en la Rinconada, culminó con detenidos por ventas de droga en un asentamiento irregular que llevaba más de tres años. Sin embargo, el operativo, que estaba planificado para octubre, se llevó a cabo en total normalidad, por lo que el gran contingente policial, con camionetas y buses de Carabineros, no fue tan necesario.
El operativo llamó la atención de inmediato en un sector que ha tenido constante conflicto con los vecinos del perímetro.
El mayor David Gallardo, comisario de la 2ª Comisaría Coquimbo, señaló que como resultado de este trabajo, se logró además la detención de cinco personas, tres de ellas vinculadas a delitos de drogas y dos por mantener órdenes vigentes.
Hasta con helicóptero fue necesario vigilar cada una de las casas que se han instalado en todo este tiempo, dejando reclamos de incivilidades como presencia de grandes camionetas, traficantes y música a todo volumen.
Con el fin de no provocar disturbios más de la cuenta en un sector problemático, el tribunal habría considerado la presencia de menores y mujeres embarazadas y ordenó la coordinación con diversas instituciones, incluyendo el Ministerio de Vivienda, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y el Departamento Social de la Municipalidad de Coquimbo, para asegurar que el proceso se lleve a cabo con dignidad.
CON AUXILIO DE
LA FUERZA PÚBLICA
En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada confirmó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Coquimbo, que ordenó el desalojo con auxilio de la fuerza pública de las parcelas usurpadas.
La resolución agrega que: «Sin perjuicio de lo anterior, habiéndose otorgado un plazo de 30 días a contar del 17 de septiembre de 2024 para el cumplimiento de la medida cautelar decretada, teniendo además en consideración la existencia de subsidios que se encuentran en actual tramitación, así como la eventual presencia de menores de edad y mujeres embarazadas entre los afectados por la medida, y atendida la presentación del señor defensor de la niñez, se dispone que el Juzgado de Garantía deberá oficiar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, al Ministerio de Bienes Nacionales, al Instituto de Derechos Humanos, al Departamento Social de la Municipalidad de Coquimbo y al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, con la finalidad que las referidas instituciones tomen las medidas pertinentes para velar que el desalojo, en caso de ser necesario, sea ejecutado bajo las condiciones que garanticen la dignidad e integridad de las personas a quienes atañe la medida, y prevenir o al menos reducir en gran medida el impacto social o las consecuencias adversas que son inherentes a un proceso como el de la especie».
Según el ente persecutor, desde el 14 de enero de 2022, los imputados y otros ocuparon y usurparon terrenos pertenecientes a la empresa Inmobiliaria El Olivar Limitada, correspondiente a los lotes 135 y 136, etapa II, del proyecto de parcelación de la comunidad La Herradura, ubicados en el sector de Rinconada de la comuna de Coquimbo. Ocupación ilegal que incluye actos de «señor y dueño», consistente en la división informal del terreno y construcciones de viviendas de material ligero destinadas a la habitación.
