Resolución deja a los trabajadores en la más absoluta desprotección en un momento complejo para el país, afirman desde ambos sectores. «No está en la línea de lo que hoy estamos pidiendo…», dijo el diputado Francisco Eguiguren.
Controversia generó el dictamen emitido por la Dirección del Trabajo, que establece que aquellos trabajadores que no puedan asistir a cumplir sus labores, producto de las restricciones de desplazamiento vigentes en todo el país por el coronavirus -como cordones sanitarios, toque de queda o cuarentena total-, podrían no recibir sus respectivas remuneraciones, alegando la circunstancia de fuerza mayor.
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) regional salió a criticar el accionar de este organismo, argumentado que «existe un aprovechamiento que lamentablemente, y de manera mañosa, están realizando algunos empleadores para no pagar las remuneraciones, sostuvo Fredy Bonilla, presidente regional (s) de la CUT.
La senadora Adriana Muñoz (PPD) dijo que el dictamen es un total desatino, porque exime a los empleadores de pagar las remuneraciones a los trabajadores que deben permanecer en sus hogares por cuarentena o por enfermedad.
«El Gobierno muestra una contradicción absoluta con lo que ha venido predicando el Presidente de la República, cuando habla de que hay que crear condiciones de unidad y de diálogo…».
La senadora solicitó al Presidente que instruya a la ministra del Trabajo para que esta resolución sea retirada y, de esta manera, crear tranquilidad a los trabajadores».
El diputado Francisco Eguiguren (RN) indicó que «este dictamen es profundamente poco solidario, no sólo con los trabajadores de Chile, sino con el momento que estamos viviendo».
Manifestó que «es muy poco claro respecto a si la pandemia es o no una fuerza mayor, porque el criterio de la Dirección del Trabajo siempre ha sido que la fuerza mayor debe ser permanente y no temporal, y eso este dictamen no lo deja claro. La pandemia del coronavirus será temporal, y por lo tanto la causal de despido por fuerza mayor no sería aplicable en el caso de esta grave situación sanitaria».
Declaró que esta decisión «no está en la línea de lo que hoy estamos pidiendo, que es ser solidarios, comprensivos y responsables respecto con lo que está ocurriendo en el país, así que por eso debe ser rectificado».
Matías Walker, DC, rechazó el dictamen desde el punto de vista «político, jurídico y social, ya que es un error que atenta contra nuestra legislación y contra todo los principios más elementales del derecho laboral, contenido en todos los convenios suscritos por Chile ante la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que ha recomendado que en todos los países afectados por esta pandemia no se suspendan las relaciones laborales, y que puedan mantenerse estas pagándole el empleador las cotizaciones y asumiendo el Estado el pago de las remuneraciones».
Argumentó que la causal de fuerza mayor igual es aplicable en beneficio del trabajador, «puesto que se encuentra imposibilitado en este caso de concurrir a su lugar de trabajo, y ni siquiera tiene la opción, pues la autoridad sanitaria le está diciendo que debe quedarse en su casa, por lo tanto rechazamos este dictamen, un grave error del Gobierno».
Daniel Núñez (PC) calificó el instructivo de la Dirección del Trabajo como «un descriterio mayúsculo», y que este organismo parece más bien «Recursos Humanos de las grandes empresas, puesto que lo que está haciendo es permitir que todas las empresas, especialmente las grandes, se aprovechen para no pagar remuneraciones, cuando no han tenido ninguna afectación por esta crisis. Acá lo que corresponde es cautelar y asegurar los derechos de la parte más débil, que son los trabajadores, y que en cualquier circunstancia cuando existe un contrato de trabajo, deben cancelárseles sus remuneraciones».
El parlamentario Raúl Saldívar (PS) alegó que el dictamen resulta insólito frente al escenario que vive el país, «porque simplemente deposita sobre los hombros de los trabajadores y trabajadoras la responsabilidad de toda la situación que está aconteciendo en materia económica. Porque si esta tuviera efectos muy negativos, hasta el extremo de paralizar algunas faenas, la responsabilidad recae en los trabajadores, por lo tanto así se puede interpretar este dictamen y no de otro modo, dado que en la práctica está eximiendo de la responsabilidad de pago a los empleadores respecto de los trabajadores que no puedan, por fuerza mayor, llevar a cabo sus trabajos».
Aseguró que «no todas las empresas en el país, durante este momento crítico, dejarán de percibir ingresos, aunque esta resolución permitiría que cualquier empresa deje sin ingresos a sus trabajadores, por consiguiente es un decreto pernicioso que podría generar un daño extremo en el mundo laboral si es que no se pone atajo oportunamente»
