A raíz del gran número de agresiones a funcionarios en el último tiempo, los recintos serán categorizados según denuncias para definir el nivel de resguardo de Carabineros.
La seguridad en los recintos de salir del país y la región se ha vuelto una discusión permanente entre los gremios de funcionarios y las autoridades, debido al gran número de incidentes que han sufrido, desde agresiones hasta amenazas de toda índole, el cual escaló de 400 casos durante 2023 y 300 entre enero y septiembre de 2024, según informó el Servicio de Salud. Del último año, el 30 % fueron amenazas a funcionarios.
En dicho contexto es que esta semana se realizó la instancia de la Mesa Regional de Seguridad para la Salud de la región de Coquimbo, la cual unifica el trabajo colaborativo que se ha realizado en las Mesas de Seguridad de Salud de Elqui, Limarí y Choapa en el último tiempo.
De esta manera, las instancias provinciales que buscan concientizar a usuarios y funcionarias de la Red Asistencial Pública de la región sobre los procedimientos, derechos, obligaciones y sanciones relacionadas con las agresiones a trabajadores de la salud, lograron converger en la instancia regional ideada para gestionar y apoyar la presentación de querellas y resguardar la integridad de los funcionarios y funcionarias de la salud.
La instancia contó con la presencia del Servicio de Salud, los departamentos municipales del rubro, dirigentes gremiales, Carabineros de Chile, la subsecretaría del Delito y el delegado presidencial regional, Galo Luna, quien inició esta instancia en la provincia del Limarí cuando se desempeñaba como delegado de dicha provincia.
En tanto, Galo Luna valoró el avance que se ha realizado tanto en la estrategia nacional como local. «Con el fruto de este trabajo hemos podido crear una campaña comunicacional, hemos hecho un levantamiento, hemos podido activar el sistema de denuncias de las agresiones en el marco de la ley Consultorio Seguro, pero esperamos que este año sea el año de concretar una serie de medidas que hemos propuesto, como prevenir este tipo de incidentes, pero también hacer una persecución penal efectiva».
A su vez, Iván Marín, director (s) del Servicio de Salud de Coquimbo, agradeció la preocupación ante un tema que asegura «es bien preocupante para los funcionarios y los gremios, y también los usuarios; por lo tanto, todo el trabajo conjunto del Estado nos puede llevar a tener mejores condiciones para dar la atención de salud que es nuestra principal motivación».
Desde los gremios se sumaron más declaraciones, como es el caso de Rodrigo Bustamante, presidente regional de CONFUSAM, que hizo eco de la gran cantidad de denuncias, asegurando que aun así existen muchas sin salir a la luz. «Necesitamos avanzar en poder contar con registros fehacientes, que sean verídicos, exactos y después en la segunda etapa, que es todo el proceso de mejoras, de implementación, de coordinaciones con Carabineros, ver el tema de Fiscalía cómo está avanzando en las denuncias que se han realizado».
Lo que fue replicado por Rocío Rojas, representante de la asociación de enfermeros de la región. «Como funcionarios de la salud pública, estamos afectos a que nos pasen muchas situaciones que tienen que ver con los riesgos, con la delincuencia, las agresiones. Lo que nos parece bueno para que se nos ponga en resguardo con las policías».
