Comenzar con lo que falta del tramo en el Sitio El Olivar les preocupa,
y por eso, en caso que así ocurra, harán lo que tengan a su alcance para evitarlo.
«Es necesario hacer una consulta indígena, que es lo que dice la sentencia de la Corte Suprema, y eso es justamente lo que no se ha realizado», dijeron.
Fue en 2015, cuando se realizaban los trabajos de construcción de la doble vía que conectaría a La Serena con Vallenar, en la Ruta 5, cuando surgió el sitio arqueológico El Olivar. Desde entonces los trabajos se encuentran paralizados, aunque podrían retomarse a fin de año.
Comenzar con lo que falta del tramo preocupa al pueblo Diaguita Y harán lo imposible para que ello no ocurra, como señala Marlene Huanchicay, representante de los pueblos originarios frente al ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Porque ya no basta con una declaración, que nace precisamente por la posibilidad de que se reinicien los trabajos cancelados en 2015, como sostuvo el seremi de Obras Públicas, «y a quien se le ha solicitado tener reuniones para ver cómo continúa el trazado, porque cuando se le entregó una propuesta en 2018 se rompió la mesa de trabajo que se había formado, toda vez que presentaron una que no fue conversada ni dialogada por los pueblos originarios, en este caso el pueblo Diaguita», precisa.
A puertas cerradas
Misma opinión entrega Carolina Herrera, presidenta de la Asociación Diaguita Elqui.
«Para nosotros nos resulta una falta de respeto de parte de las autoridades y sus representantes, pues hace un año que no tenemos una mesa de diálogo que nosotros solicitamos. En realidad, siempre ha sido una mesa infructuosa, por desconfianzas el torno al desarrollo de la dinámica de los oficios que llevaba el consejo de Monumentos con el MOP a puertas cerradas, sin consultas».
Como pueblo, en más de una ocasión han afirmado que no están en contra de la conexión de la ruta, pero sí quieren que se produzca el menor daño al sitio arqueológico, «y construir una isla no es la solución», apunta Huanchicay.
Para ellos la propuesta de que el sitio quede como en una isla al medio de las pistas (al norte y sur) «no tiene sentido, puesto que con el peso de la construcción en altura se irá hundiendo, dado que el terreno no es tan firme, se supone que son vegas…».
La nula relación con autoridades de gobierno tiene una larga data, reconoce Huanchicay. Y parte cuando el seremi del MOP era Pablo Herman, «con quien prácticamente no se hacían reuniones».
Recién en 2020 lograron hacer dos mesas de trabajo, «pero siempre se daban vueltas en lo mismo, y debido a eso es que hemos realizado varias declaraciones públicas y quejas, como la del mes de enero, que se la entregamos al entonces intendente Pablo Herman, y que tampoco tuvo respuesta».
Explica que «ha sido mucha la vulneración cuando precisamente se formó una mesa de trabajo para tener un diálogo, elaborar y concretar un trazado que sea satisfactorio para el Estado y nuestro pueblo».
Con la llegada de la pandemia, las reuniones agendadas se suspendieron y hace más de un año que no hay conversaciones, «pero ahora nos dicen que se comenzarán los trabajos. No lo entendemos», se quejan.
Remarca la representante de los pueblos originarios frente al Mincap que «lo que existe ahí -un polígono de 380 metros de largo por 50 metros de ancho y de casi dos hectáreas de superficie-, es un hallazgo histórico y único en Chile, así que es absurdo que sigan empecinados en seguir con ese trazado cuando nosotros dijimos que no y todavía no se sienten a conversar, toda vez que existen propuestas para desarrollar otro tipo de trazado, hacer otro desvío», señala.
Corte Suprema
A Juicio de Huanchicay, «más que una voluntad política, acá lo que existe es negacionismo, porque nos niegan nuestro derecho, el derecho a dialogar, por cuanto no existe forma de conversar con ellos».
Supuestamente se comenzarían a licitar las bases para comenzar con lo que falta del tramo a fin de año, pero el pueblo Diaguita se aferra «a un recurso de protección de la Corte Suprema que habla de lo que es el plano regulador intercomunal, y que el Sitio El Olivar tiene protección», advierte.
Cuando se encontraron los restos no había comunidades y asociaciones diaguitas en la región que pudieran defender el lugar, «pero ahora sí tenemos la personalidad jurídica de la Conadis (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena) que pide el Estado, y también podemos hacer este reclamo, pero no se sientan a conversar».
Comenta que es necesario «hacer una consulta indígena, que es lo que dice la sentencia de la Corte Suprema, y eso es justamente lo que no se ha realizado. Entonces si comienzan con la construcción vamos a paralizar las obras y se presentará otro recurso o apelaremos a recursos internacionales».
