La diputada Adriana Muñoz, autora de la ley que tipificó el femicidio, señaló que las mujeres amenazadas de muerte por sus ex parejas o parejas no pueden seguir esperando y que es urgente que el gobierno compre los brazaletes electrónicos para prevenir que ocurran nuevos femicidios.
La parlamentaria recordó que el año pasado, al día siguiente de promulgar la ley de penas alternativas el Presidente de la República Sebastián Piñera se comprometió a licitar estos brazaletes a fines del 2012 o a principios del 2013, y en esa oportunidad se dijo que en tres años a partir de esa fecha se contaría con 8.500 dispositivos. Ha pasado poco más de un año y medio, y no hay brazalete aplicado en alguna medida cautelar en caso de violencia intrafamiliar”.
Muñoz dijo que «a la fecha tenemos la lamentable cifra de 21 femicidios, el gobierno no puede, ni debe seguir dilatando la licitación de los brazaletes electrónicos por que la propuesta económica resultó muy alta ya que excedió 16 mil millones de pesos previstos por el gobierno. La vida de un ser humano, de una mujer, de una madre no tiene precio».
Cabe señalar que según el informe de la Fiscalía Nacional existe un aumento exponencial de las denuncias por Ley de Violencia Intrafamiliar (vigente desde octubre del año 2005): mientras en 2007 ingresaron 54 mil casos, en 2012 alcanzaron los 137.296, lo que se traduce en un aumento del 154% en la demanda de atención especializada. No contar con efectivas medidas precautorias expone a las mujeres que denuncian a quedar sin ninguna protección y en el serio peligro de ser asesinadas.
El uso del brazalete electrónico asociado al elemento de control vía GPS se está usando con éxito en varios países. En efecto, actualmente, con diferentes modalidades y aplicaciones, se utilizan sistemas de monitoreo, vigilancia y control tecnológico en Canadá, Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Francia, España, Inglaterra, Italia, Holanda, Portugal, Suiza, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Singapur, entre otros.
