Los representantes de la región de Coquimbo aseguraron que existen miles de casas y predios que se encuentran tomadas, por lo que corresponde que sus dueños sean eximidos de pagar dicho impuesto.
Luego que el Presidente Gabriel Boric anunciara, durante su última Cuenta Pública, que congelaría las contribuciones de las propiedades y/o terrenos que se encuentran usurpados en la Macrozona Sur, los diputados Juan Manuel Fuenzalida y Marco Antonio Sulantay solicitaron al Gobierno extender dicha medida para el resto del país, considerando el aumento de las tomas ilegales durante el último año.
Si bien los parlamentarios valoraron que el Ejecutivo haya acogido la medida solicitada por las propias víctimas de violencia rural en la zona, aseguraron que es “insuficiente” y que “discrimina” al resto de las regiones del país, donde también existen terrenos que han sido usurpados o tomados.
“Nos parece muy importante que el Gobierno haya escuchado a las víctimas de terrorismo en la Macrozona Sur, que llevaban más de un año solicitando que se les eximiera del cobro de contribuciones por una propiedad o terreno que no pueden utilizar por encontrarse tomada. Pero resulta inaceptable e, incluso, bastante ilógico que esta medida no se extienda hacia el resto del país, donde también existen usurpaciones y la presencia de bandas organizadas, que se dedican a tomarse terrenos para luego parcializarlos y ser vendidos”, advirtieron los legisladores.
En esa línea, los parlamentarios recordaron el caso del empresario Alejandro Correa, quien en 2020 fue asesinado por un sicario en la comuna de Concón, tras querer recuperar un terreno que justamente se encontraba tomado. Por lo mismo, y ante el aumento significativo que han experimentado las usurpaciones y los loteos irregulares o brujos a lo largo del país -sobre todo posterior a la emergencia sanitaria-, los parlamentarios insistieron en que “necesitamos que esta medida se aplique en todas las regiones, porque son miles de personas que no han podido hacer uso de sus propiedades”.
“No sólo existen cientos de casas que se encuentran tomadas, ya sea por personas particulares o por arrendatarios que no han cumplido con sus responsabilidades, sino que también hay miles de terrenos, a lo largo de nuestro país, que están en manos de verdaderas mafias y organizaciones criminales que después se dedican a lucrar por medio de la venta o arriendo de paños. Y es absolutamente injusto que los propietarios de esas viviendas o terrenos, por la incapacidad del Estado de brindarles una protección, tengan que además seguir pagando contribuciones”, cuestionando también que las autoridades aumenten los impuestos en aquellas propiedades donde justamente existan mayores y mejores niveles de seguridad.
“Es totalmente ridículo que el Servicio de Impuestos Internos le aumente las contribuciones a una familia que, para estar más segura y tranquila, decide instalar algún cerco eléctrico o una cámara de vigilancia en su hogar. Llega a ser absolutamente irrisorio, porque es el Estado el encargado de brindarles seguridad, y no de cobrarle más por una obligación que es propia de ellos”, insistieron Fuenzalida y Sulantay.
