Con la firma de 49 parlamentarios, este jueves los diputados Miguel Ángel Alvarado (PPD) y Juan Luis Castro (PS), junto a Loreto Carvajal (PPD) y Daniela Cicardini (PS) presentaron la solicitud para crear una Comisión Investigadora que indague las compras de insumos y prestaciones médicas que realiza Fonasa a las clínicas privadas, debido a las derivaciones de pacientes que se realizan a raíz de la falta camas, personal médico o equipos necesarios de las unidades UTI y UCI.
Al respecto, el diputado PPD, Miguel Ángel Alvarado, comentó que “hace años en el sistema chileno de Salud Pública se han incrementado de forma exponencial las compras que se realizan hacia el sector privado, especialmente por la falta de camas. Esto hay que investigarlo, porque creemos que los montos que se pagan son excesivos, llegando muchas veces al triple de lo que cuesta la atención de ese paciente en un recinto público”.
Esto, porque según información de los parlamentarios, el gasto promedio de un paciente que es derivado al sector privado bordea los $11 millones, mientras esa misma atención costaría cerca de $4 millones en el sector público.
“Conocemos la realidad crítica que tenemos en diversos recintos hospitalarios del país, pero es inaceptable que existan situaciones de abuso o aprovechamiento por parte de privados ante la situación de déficit que existe en el sector público”, expresó Alvarado, quien agregó que “en los últimos días hemos conocido que entre enero y julio de este año se han realizado 3 mil derivaciones a clínicas privadas, las que han representado un gasto cercano a los $20 mil millones, superando todas las estadísticas del 2015. Además, se publicó que las clínicas más beneficiadas son Colonial, Las Condes y especialmente Ensenada”.
En tanto, el diputado Juan Luis Castro (PS) sostuvo que hay dos situaciones que le llaman la atención: “Primero, que en una de esas compras no haya existido una licitación abierta, sino más bien un trato directo y, por sobre eso, que no hay una acreditación por la Superintendencia de Salud de la Clínica Ensenada, que hoy es una de las mayores prestadoras de camas del sistema público del último período”.
Además, el legislador planteó que “si hay un sistema nacional de hospitales, uno no entiende por qué un usuario público que va a cualquier hospital no recibe una atención y lo derivan a un centro privado. Lo mínimo que espera ese usuario es que ese centro esté acreditado, porque de lo contrario sería bajar el nivel. Por lo tanto, hay que decirle al 80% de la población del sistema público que va a concurrir a un lugar que se desconoce si cuenta con todos los medios necesarios para una atención responsable”, afirmó.
“Preocupa este tema y es necesario aclarar los montos, las condiciones en que esto se hizo y, sobre todo, el procedimiento por el cual se llegó a la creación de una clínica emergente el 2014, con sistemas de telemedicina, que son modernos, pero es muy distinto que un paciente concurra y lo atienda un médico general y que por Internet se consulte con un especialista y después se diga que fue atendido por un especialista”, concluyó.
