Fue este martes en la Delegación Presidencial, donde también estuvo la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Gabriela Elgueta. Después de 15 años «conseguimos una cita de tal envergadura», reconocen.
La casa propia es un anhelo generacional, especialmente para quienes hoy habitan en campamentos, los que se incrementaron con la pandemia.
Para ellos la ausencia del Estado es trágica. Bien lo sabe Yerko Zambra, presidente del campamento La Esperanza de los Niños, de Huachalalume.
Es dirigente regional del movimiento nacional de pobladores y hace 15 años viene luchando por soluciones habitacionales. De reuniones ni hablar. Hasta ahora.
Porque el día martes, incluso con la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Gabriela Elgueta, se reunieron en la Delegación Presidencial, también con Serviu, Bienes Nacionales, Derechos Humanos…
«Una reunión que se vine gestando hace mucho tiempo y que hemos logrado en conjunto con el movimiento nacional de pobladores que existe en el país debido al incremento de los campamentos y tomas después de la pandemia», comenta el dirigente tras la cita, la primera de tal envergadura, «porque en las anteriores no estábamos organizados como comunidad y no teníamos un tema contundente para desarrollar…».
Buscar soluciones
Su función como dirigente es eventualmente buscar una mejora en la calidad de vida y la vivienda propia, ya que de los muchos campamentos que existen en la región, hoy están trabajando con cuatro, justamente los que tiene el movimiento: el campamento Las Añañucas, en Alfalfares; Esperanza de los Niños, en Huachalalume; y dos en el sector El Sauce: Esperanza de Jesús y Rocas del Viento.
«Los cuatro cumplimos con los requisitos, pues estamos organizados, contamos con nuestra personalidad jurídica y tenemos un orden de todo lo que se pide para conseguir algún objetivo», aclara.
Dentro de la presentación, uno de los requisitos fue no solo seguir conversando, sino trabajar en algo concreto.
«Todos tenemos la misma necesidad, pero cada campamento es un mundo distinto. Nosotros pertenecemos a un terreno que es de Bienes Nacionales, mientras que otros están en zona de riesgo o en terrenos privados. En lo particular, logramos conseguir una inyección de recursos de parte del Gobierno para que se trabaje en el estudio de suelo, donde se verá si es factible urbanizar el lugar en el que estamos».
«NO CORRE EL DESALOJO»
En cuanto al desalojo, admite que ya no corre, «al menos de momento, porque no existe un proyecto definido sobre lo que se hará en el sector, por lo que no hay razón para desalojarnos».
Es que, para que pueda ocurrir el desalojo, primero debe existir una solución habitacional, «debido a que nos desalojan a nosotros, pero luego llegan otras familias a lo mismo…».
Destaca que existe «un ánimo de querer trabajar», de conseguir un plan de emergencia habitacional en el que estén incluidos y luego buscar alternativas.
«Llevamos 15 años y somos 90 familias, pero hay intención de ordenar todo, de ir buscando soluciones, incluso en el mismo lugar, que es una de las opciones y la que más queremos, porque nuestra idea es regularizar los terrenos y quedarnos acá, y en caso que no sea viable, según lo que diga el estudio, ver otra alternativa, construcciones de viviendas en el sector y postular a ellas. En definitiva, la reunión fue para ordenarnos y trabajar».
