Ante la ola de denuncias por maltrato o acoso laboral en las secretarías regionales, se han producido modificaciones y salidas en el equipo de Galo Luna, y ahora es la cartera de Educación la que está en el ojo del huracán, luego que se conocieran tres recursos en contra de la actual titular local del ramo, Cecilia Ramírez. Desde el Gobierno, en tanto, justifican los movimientos hechos hasta ahora, aseguran que quieren garantizar los derechos de los trabajadores.
En las últimas semanas se han dado a conocer graves denuncias en contra de seremis y directivos de las secretarías regionales ministeriales. Esta situación ha llevado, por ejemplo, a desvinculaciones, como lo ocurrido con el seremi de Justicia, Rubén García, y de tres directores del MOP. Con anterioridad había corrido la misma suerte la ex seremi de Salud, Paola Salas, y hace unos días se sumaron las denuncias en Educación que interpusieron tres funcionarios en contra de la actual seremi Cecilia Ramírez. Este caso es el más reciente y se está a la espera de que el delegado presidencial, Galo Luna, se pronuncie o tome alguna decisión al respecto, la que perfectamente podría ser pedirle la renuncia.
Dirigencia pide cambios
En total, son tres las reclamaciones que se han interpuesto en la Seremía de Educación por presuntos malos tratos hacia una funcionaria del equipo de comunicaciones, una auditora y el director provincial de la Provincia de Choapa.
Pese a que el escándalo explota recién ahora, el clima laboral al interior de la repartición se corta con tijeras hace tiempo. De hecho, dirigentes lo han manifestado permanentemente y han solicitado que se realice una intervención urgente. Así lo expresó Soledad Castillo, presidenta regional de Adime (Asociación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio de Educación), quien manifestó que han sostenido reuniones con diferentes autoridades, explicitándole las diversas situaciones que hoy salen a la luz tras las denuncias.
«Para nosotros esto no ha pasado inadvertido ni es nuevo. Hemos sostenido y hemos dado aviso de lo que ocurre al Ministerio, a la delegación presidencial y a parlamentarios, para que esto se investigue, ya que todos queremos trabajar en un ambiente sano y libre de violencia laboral», expresa Castillo.
¿Solicitando cambios?
La dirigente no es tajante a la hora de pedir la salida de la seremi Cecilia Ramírez, pero tampoco niega que esa sea su solicitud, de hecho, al ser consultada, su respuesta abre paso a la especulación. «Queremos que esto se modifique, porque así como está no puede seguir, tienen que haber cambios y para eso deben intervenir las autoridades. Esto siempre ha estado en manos de ellos y nosotros no queremos más compañeros sufriendo de acoso o abusos», finalizó.
Respuesta del Gobierno
Todavía no se sabe si habrá cambios en Educación con respecto a la seremi Ramírez, pero ayer el delegado presidencial se encontraba en Santiago, en una reunión con el Presidente Gabriel Boric, analizando el panorama a nivel nacional de las regiones.
De todas formas, desde el Gobierno se refirieron a la situación, justificando las salidas que se han concretado hasta ahora y aludiendo a que se trata de proceso naturales dentro de los equipos de trabajo que se van dando por distintas situaciones.
«Los cambios que se han concretado en el gabinete regional se deben tanto a las evaluaciones que se hacen del trabajo que están realizando las y los seremis en la región, como a decisiones personales que algunos han tomado. Sin duda, estos ajustes nos permiten generar una oportunidad para fortalecer la labor que se desarrolla en cada cartera para responder de mejor manera a los objetivos que nos ha propuesto el Presidente Boric para estos dos años que nos quedan en el Gobierno», señaló la seremi vocera de Gobierno Paulina Mora.
Duros ante las denuncias
Respecto a las posibles denuncias por vulneraciones a las y los funcionarios, Mora señaló que cada ministerio ha establecido protocolos claros sobre cómo actuar y dar cuenta de estas situaciones y a quienes se les deben hacer presente.
«Generalmente éstas se presentan a autoridades administrativas, como las y los subsecretarios. Estos procedimientos están sumamente regulados y son secretos para cautelar los derechos de los involucrados mientras se realizan las investigaciones correspondientes y se determina si hay o no responsabilidades. Este trabajo lo lleva a cabo, en reserva, cada equipo ministerial, por lo que desde otras carteras no se puede intervenir ni menos recibir información de ello», esgrimió.
Nuevos protocolos y Ley Karín
En este contexto es que el Gobierno ha impulsado estos protocolos, pensando precisamente en cuidar a las y los trabajadores, y también «hemos sacado adelante una agenda relevante en materia de garantizar derechos laborales, como la ley de las 40 horas y aumento del sueldo mínimo. En este sentido, cobra vital importancia la transformación de las relaciones laborales que tendremos con la entrada en vigencia de la Ley Karín, una normativa que regirá tanto para funcionarios del Estado, como del sector privado, la que busca, entre otras cosas, generar espacios de trabajo seguros, especialmente para las mujeres», finalizó.
