Existe una querella interpuesta en 2021 y una ampliación de la misma el año pasado. Abogados querellantes del caso señalan que el cura «está practicando la eucaristía y tenemos entendido que también funerales y otros ritos propios de la religión de manera pública…».
Todo ocurrió presuntamente en la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes (Balmaceda con Huanhualí) cuando la víctima, hoy de 37 años, era menor de edad.
Como la mayoría en estos casos, el joven calló. Hasta que se atrevió a hablar y denunciar. Y junto a sus abogados decidió interponer una querella en 2021 y una ampliación de la misma el año pasado, la que se encuentra en situación de reservada (no puede ser vista por nadie que no esté vinculado a la causa) en el Juzgado de Garantía de La Serena.
Mientras, un comunicado enviado por el Arzobispado con fecha 15 de julio del año pasado indicaba que se daba «inicio a un Proceso Administrativo Penal -autorizado por la Congregación para la Doctrina de la Fe- contra el Pbro. José Manuel Tapia Varela, por una denuncia referida a conductas contra el sexto mandamiento del Decálogo, hechos que habrían ocurrido cuando el denunciante era menor de edad…».
Sin embargo, hoy, y en paralelo a la querella, los abogados Adriana Rojas y Marcelo Gálvez explican que existe un procedimiento administrativo ante la iglesia que lo lleva un fiscal investigador, que es un obispo de Temuco, «y que la querella es por el delito de estupro, puesto que era un menor de 14 años cuando inició la conducta sexual en su contra», admite Rojas.
Durante el transcurso, al menos de la investigación ante el Arzobispado, como querellantes presentaron una reposición respecto a la medida cautelar que impuso precisamente el Arzobispado en contra del presbítero José Tapia, «pues creemos que es importante que él sea apartado de las labores propias de la iglesia, como es hacer misa, por ejemplo, toda vez que requiere un contacto con personas, incluidos niños, pero fue rechazado por el arzobispo de La Serena, y por ende mantuvo solo la medida cautelar de no realizar clases en establecimientos educacionales».
No obstante, creen que la medida adoptada por la iglesia «es insuficiente, dado que se sigue exponiendo a la infancia a una persona que está siendo investigada en el ámbito penal como eclesiástico por el delito de abuso y violación».
Ninguna gestión
En cuanto al Ministerio Público, explica Rojas que solicitaron una serie de diligencias en la querella, «que luego fueron reiteradas directamente a la fiscal Fabiola Celis, que es quien lleva la causa, como tomarle declaración al querellado, y tomarle declaración, además, a algunos miembros de la iglesia que han sido parte del relato de la víctima, todo eso acompañado de un audio de una reunión en un lugar público que tuvo nuestro representado con el presbiterio Tapia a finales del año 2020».
En ese audio, confiesa, «él le pide perdón por su conducta, en una especie de reconocimiento indirecto de las situaciones de abuso y violación que realizó en contra de nuestro representado. Sin duda elementos que nosotros hemos aportado y aun cuando estas diligencias han sido solicitadas hace tiempo, no han sido realizadas».
A su vez, Gálvez precisa que «hemos presentado pruebas y la víctima ya declaró, pero de las copias que recibimos hace algunos días de parte de la Fiscalía, aparece que no se ha hecho absolutamente ninguna gestión por parte del Ministerio Público, lo que significa que la causa efectivamente se encuentra estancada y eso obedece únicamente a la falta de voluntad, entendemos, del Ministerio Público de hacerlo avanzar a un estado de poder tener alguna clase de prueba al respecto».
En cuanto al estado actual del sacerdote, precisa Gálvez que «hoy está practicando la eucaristía, tenemos entendido que también funerales y otros ritos propios de la religión de manera pública e incluso asistiendo a encuentros de la iglesia en la región».
Resguardos
De la colaboración que ha entregado el Arzobispado de La Serena para esclarecer los hechos, manifestó Adriana Rojas que «no se ha tomado esta denuncia con la seriedad y gravedad que reviste, y lo digo de manera responsable, atendida la negativa de ampliar la cautelar en contra del presbítero Tapia y sabiendo, además, que esto es un hecho de conocimiento de la ciudadanía».
Recuerda que han tenido muchas reuniones con el arzobispo, previo incluso a la querella penal, «y él se mostró con mucha voluntad, pero voluntad de no tener una efectividad concreta al momento de tomar los resguardos necesarios para el resto de la comunidad, que se encuentra expuesta a situaciones similares a la que se expuso a mi representando durante cerca de diez años».
En relación al sacerdote José Manuel Tapia, el arzobispo René Rebolledo aclaró a Diario La Región que «se enviaron los antecedentes a la Santa Sede, que autorizó un proceso administrativo penal, el cual se dio inicio el 31 de marzo de 2022. Todo prosigue su curso, de acuerdo a la normativa canónica eclesial vigente».
En tanto, aclaró que el sacerdote «continúa su ministerio sacerdotal con medidas cautelares. La parroquia El Sagrario – La Merced la preside un administrador parroquial, el párroco de San Isidro, Pbro. José Luís Flores Moyano. Finalizado el proceso administrativo penal, el arzobispo debe enviar la documentación a la Santa Sede, instancia que se pronuncia definitivamente sobre el término del proceso administrativo penal.
Obviamente, el arzobispo debe comunicar la resolución a los implicados en el mencionado proceso».
