A casi cuatro años de la muerte de su hijo Romario, este miércoles el TOP de La Serena sentenció a cuatro uniformados, tres acusados por disparar sus fusiles contra los manifestantes en octubre de 2019, y uno, el superior, por dar las órdenes.
Después de más de dos semanas de deliberaciones y una espera de casi cuatro años, ayer en el TOP de La Serena hubo una explosión de emociones, llantos y abrazos, luego del veredicto condenatorio para los militares acusados por la muerte de Romario Veloz y las lesiones provocadas por los disparos en contra de César Véliz y Rolando Robledo en octubre de 2019.
Para Mery Cortez, madre del joven ecuatoriano, fue un desahogo lo ocurrido ayer, cuando a las 12 horas en punto se leyó el fallo, el que se imaginó por años: los jueces, el fiscal, la sala, los abogados, los gendarmes custodiando a los militares, y la lectura de la condena: acusados por violencia innecesaria con resultado de muerte y por dos delitos de violencia innecesaria con lesiones graves.
Entonces se emocionó. Y lloró. Y se abrazó con César, que estaba a su lado, con amigos y con sus abogados: Carlos Tello y Adriana Rojas. Con todo el mundo.
Se excusó de no hablar por la emoción contenida, aunque luego tomó un respiro y envió un mensaje «a aquellas madres que han sido víctimas de terrorismo de Estado, que no decaigan, que no bajen los brazos ni para coger impulso. Les digo que sigan luchando, que sigan perseverando, que sigan estoicas y que soporten todo lo malo, porque la justicia llega, pero perseverando, luchando. La justicia no llega por amor al arte, sino que cuando uno la busca».
Al término, César Véliz encaró a los militares, y aunque la situación no pasó a mayores, alteró los ánimos de los presentes en la sala.
Penas efectivas
Aunque había alegría en los abogados querellantes, esta era con mesura y con sentimientos encontrados, «pues creemos que es importante condenar a los responsables de estos actos y así lo hizo el tribunal, sin embargo, distamos del delito por el cual se condenó a los acusados, por cuanto creemos que sí son delitos de apremios ilegítimos.
eguimos insistiendo, y lo dijimos ante el tribunal, que aplicar el código de justicia militar en delitos cometidos contra la población civil, es inconvencional en materia de derechos humanos», apuntó Rojas.
Manifestó que quienes son responsables, hoy «están condenados. Nuestras víctimas dijeron la verdad, ellos mintieron ante el tribunal y eso no se puede olvidar».
Sentimientos encontrados, porque podría cambiar la pena al ser violencia innecesaria y no apremios ilegítimos.
«Cambia y nos parece grave y complejo que se aplique el código de justicia militar en estos casos, cuando son delitos contra civiles. Eso está proscrito por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no debiese aplicarse y sigue sucediendo y es una mala práctica, entonces eso no nos deja satisfechos. Ahora vamos a ver qué penas se les aplicarán, pero confiamos en que sean efectivas por la gravedad de los hechos, y una vez que sepamos eso, vamos a pensar si seguimos adelante y si buscamos o no la nulidad del juicio».
Quien lideró las acusaciones fue el fiscal regional Adrián Vega, que tras finalizar la audiencia se mostró tranquilo y satisfecho por el trabajo realizado.
«Fuimos de a poco, como hormigas, recogiendo información, procesándola, y así pudimos construir pruebas para que se pudiesen acreditar las autorías materiales en casos que eran muy complejos».
Por ahora, violencia innecesaria estimó el tribunal, «pues estimó que no llegaba a colmar el tipo penal de apremios ilegítimos que habíamos acusado nosotros, pero las penas no varían demasiado; empiezan un poco más abajo, pero para nosotros son penas efectivas que vamos a solicitar».
Fiscalía pidió 20 años para el capitán Faúndez y diez años respecto de quien fue condenado por la muerte de Romario. Mientras que para quien atentó contra Rolando Robledo siete años, y cinco años y un día para el militar que hirió en una pierna a César Véliz.
La lectura de la sentencia se realizará el 12 de septiembre.
