Tras una dura pelea judicial, en 2017 el menor quedó al cuidado de la madre, quien por su condición vivió en casas de acogidas en Ovalle. Recién este año pudo recuperar a su hijo y por todo el daño causando, dice que tomará acciones legales, «demandas civiles en contra de las instituciones y querellas criminales a los responsables por todo el tiempo que mi hijo sufrió», avisa.
Recién el 12 de junio de este año, cuando los Tribunales de Familia le entregaron a su hijo, Dixon Flores (41) pudo estar tranquilo. Antes, confiesa, vivió una pesadilla que duró más de dos años, tiempo en que su hijo habitó con su madre en una casa de acogida en la ciudad de Ovalle y en viviendas particulares de las que eran expulsados, incluso, con medidas de protección.
Hoy pide justicia. Porque acusa que «las instituciones encargadas del seguimiento no cumplieron jamás la finalidad de su intervención y no fueron capaces de erradicarle la vida de maltrato a mi hijo».
En la casa de acogida vivió lo peor
En 2017, cuando su hijo tenía nueve meses, Dixon inicia una medida de protección ante el Tribunal de la Familia en Coquimbo, toda vez que su ex y madre del menor comete violencia intrafamiliar, «amenazándolo de muerte y luego con suicidarse».
Pero un mes después, y pese a que «hago efectiva la medida que la Fiscalía había otorgado, Carabineros me quita a mi hijo y se lo entrega a la madre, quien me denuncia por violencia intrafamiliar falsamente, que luego pude demostrar ante el Ministerio Público, que dijo que esa denuncia no era constitutiva de delito. Sin embargo, con esa información ella logra tener asesoría legal por el Sernam (Servicio Nacional de la Mujer, hoy SernamEG) y casa de acogida».
Su voz se quiebra a ratos. Su cara y especialmente sus ojos denotan el cansancio por lo que tuvo que pasar, más aún cuando relata que el Tribunal de la Familia entiende que la madre no se encontraba habilitada para tener al niño y la interna por un periodo de tres meses en la Casa de Acogida en Ovalle, junto al niño.
El 24 de noviembre, cuando se alistaba para viajar, le avisan que el régimen de visitas no sería posible porque el niño presentaba un cuadro alérgico asociado a una faringitis.
«La misma situación se repite a la semana siguiente, donde argumentan un cuadro estomacal. Al tercer fin de semana, cuando logro recuperar el régimen directo, recibo a mi hijo con un vendaje en sus manos…», cuenta.
Y agrega: «Me dijeron que por el exceso de fiebre había sufrido algunas ampollas en sus manos, no obstante lo traslado al consultorio de Sindempart, donde vivo, y el médico tratante me dice que mi hijo tenía quemaduras en sus manos producto de cigarrillos. Para tener una segunda opinión lo llevó a la Clínica Elqui y me ratifican lo mismo. El Tribunal de Familia le consulta a este hogar y reconocen que el niño había sido quemado, que al niño no le trataron las quemaduras, y es más, en la misma semana la madre fue sorprendida drogada y la directora no denunció estos hechos. Si hubiesen hecho su trabajo como lo dictaba la sentencia, que era estricta para la madre, mi hijo en el 2017 hubiese sido erradicado del maltrato».
El niño corría peligro
Todos estos antecedentes Dixon asegura que los denunció ante Sename, Contraloría General de la República y Sernam. Pero «estos señores me judicializaron, se coludieron».
Mientras perseguía la tuición, acreditando que la madre contaba con un historial no muy favorable para el cuidado, esta es egresada del hogar, «con habilidades parentales completamente recuperadas».
Entonces «le buscan una habitación para poder acreditar ante el tribunal que contaba con una familia de contención», dice. Y además, complementa, «le buscaron trabajo, jardín infantil para mi hijo, dejando de lado toda recomendación de los peritos DAM, quienes decían que si era egresada de esa casa, en un corto plazo el niño correría peligro».
Al tiempo, «la familia de contención buscada por la directora del centro (Mery Mora) denuncia a la madre de mi hijo en el contexto de maltrato infantil. Fue desalojada y mi hijo quedó en la calle».
Eso ocurrió 14 de junio del año 2018. Meses después, el 28 de noviembre, nuevamente su ex mujer logra encontrar una vivienda junto a mi hijo y otra vez la denuncian ante los tribunales de Familia. Y luego ocurre una tercera vez, el 23 de abril del año siguiente, donde el propietario logra ser pareja de ella y ahora es la suegra quien hace la acusación en el Tribunal de Familia por maltrato infantil y consumo de drogas».
Con todos estos antecedentes, Dixon Flores delata que «mi hijo estaba siendo gravemente vulnerado y maltratado, con una serie de constataciones de lesiones de labios rotos, desprendimiento de uñas desde la misma cutícula, y aun así todas estas instituciones, como la OPD (Oficina de Protección de Derechos), Sename y las casas de acogidas, seguían argumentándole al tribunal que el niño debía seguir con la madre. Es más, ninguna institución quería reconocer que desde el primer día habían cometido un error grave, porque intentaron crear una imagen judicial como que yo era agresor de la madre y eso era completamente falso».
Hoy, revela Dixon, esta causa está siendo investigada a través del fiscal regional de La Serena con un equipo profesional exclusivo para la causa del niño.
«Sigue abierta en la parte penal, porque estamos acreditando el maltrato, para que la madre sea condenada junto a los funcionarios que son responsables de esto. Imagínate que después de 2 años y 6 meses de vulneración, recién el 12 de junio pude tener a mi hijo. Entonces, acá el Estado de Chile, a través de este organismo, me entrega a mi hijo en condiciones deplorables, en condiciones muy malas de salud».
Mi hijo fue vulnerado
Hoy el menor está pronto a cumplir 3 años, y todo el daño institucional que recibió, argumenta su padre, le está causando secuelas.
«Sus uñas se las come, se rompe sus dedos, en las noches hace sonar sus dientes, tiene pesadillas, tiene desbordes emocionales, habla de las agresiones, de cómo las sufría e incluso se las ha contado a las tías de los jardines».
Desde que estalló el caso, Dixon dice que no han hecho más que vulnerar a su hijo, «incluso Fundación Integra, pues jamás le detectaron una lesión, siendo que tengo todas las constataciones de agresiones. ¿Sabe? El caso de mi hijo, que no tiene precedente alguno, está siendo seguido por agrupaciones a nivel nacional. También está en conocimiento de la señora Alejandra Valdovinos, seremi de Justicia, en conocimiento del fiscal regional, viendo y siendo investigado por la Bicrim de Ovalle, y hoy la madre sigue gozando de impunidad en la ciudad de Ovalle».
La rabia que expresa en sus palabras se basa en la injusticia, pero principalmente en el daño que le causaron a su hijo.
«Los informes de la OPD eran todos garantes para la madre. Si hasta vivió en una comunidad de haitianos, cuando yo soy funcionario público y cuento con condiciones habitacionales, económicas, laborales, de red de contención, de familia, pero jamás fueron visualizadas mis habilidades parentales, siendo que todos los organismos, como el Servicio Médico Legal, decían que el niño tenía que estar con el papá y no con la mamá».
Por lo pronto, «denuncio formalmente a la OPD de Ovalle que fue vulneradora de los derechos fundamentales de mi hijo.
Y por eso vamos a tomar acciones legales, demandas civiles en contra del Estado, en contra de las instituciones y querellas criminales contra los responsables por todo el tiempo que mi hijo sufrió, cuando los informes psiquiátricos y psicológicos le sugerían a la red de familia que el niño tenía que estar con el padre. Al Sename en especial, que tenía que haber denunciado el hecho, haber sido garante de los derechos fundamentales de mi hijo y no fue así.
Acá las instituciones encargadas del seguimiento no cumplieron jamás la finalidad de su intervención, no fueron capaces de erradicarle la vida de maltrato a mi hijo».
