Complejo es el panorama para el ex edil porteño luego de presentada la querella en su contra por el actual alcalde Alí Manouchehri. Ahora el médico falangista, suspendido del partido -que también presentó acciones legales en su contra-, deberá responder por los eventuales delitos económicos una vez que la fiscalía cuente con los antecedentes para formalizar la investigación que recae, por ahora, en él y en sus más cercanos colaboradores.
Tras la presentación de la querella por malversación de caudales públicos y fraude al fisco, interpuesta por el actual edil de Coquimbo, Alí Manouchehri, en contra del ex alcalde porteño Marcelo Pereira, los coletazos continúan.
Pese a que buena parte de los antecedentes que se pusieron a disposición de la justicia el día martes ya habían sido conocidos luego del informe de Contraloría que salió a la luz en marzo y que daba cuenta de graves irregularidades en las finanzas municipales entre enero del 2017 y diciembre del 2019, el tema ahora va más allá de lo administrativo y entra en el plano judicial, con todo lo que aquello conlleva, debido a la gravedad de los hechos, que llevaron a tener un déficit de caja de 24.255 millones de pesos, y que incluye sobresueldos a funcionarios de planta con boletas de honorarios, no acreditación de labores, documentación no proporcionada sobre procesos sumariales y cuestionamientos al pago de horas extras, entre otras anomalías, las que ahora se indagarán penalmente.
PARA LARGO
Según precisó el propio alcalde Manouchehri, este apenas sería el primer paso, ya que a medida que pasan los días se van encontrando con nuevos antecedentes que irán poniendo a disposición del Ministerio Público en el marco de esta investigación, todavía desformalizada, en la que podrían ir surgiendo más nombres de los que ya se tienen en carpeta por ser los presuntos responsables de las irregularidades y presuntos delitos.
Por lo pronto, sólo queda esperar que la justicia actúe. En el intertanto, eso sí, el ex edil porteño, quien fue a la reelección pero no logró repetirse el plato, vive un complejo panorama tanto en lo político como en lo penal, de comprobarse que existió dolo en su actuar.
El presidente de la falange a nivel local, Patricio Solís, ratifica que la militancia del demócrata cristiano se mantiene suspendida por expresa decisión del tribunal supremo. Y no sólo eso, como partido también presentaron una querella contra Marcelo Pereira para determinar su eventual responsabilidad en los hechos que se imputan. «Nosotros consideramos que era oportuno, dado que estaba el documento público de la Contraloría, y la posibilidad de que hubiese delitos involucrados. Pensamos que era lo que había que hacer», manifestó Solís, agregando que existen posibilidades de que sea expulsado definitivamente, incluso sin ser condenado por la ley ordinaria. «Si el tribunal supremo del partido estima que existen antecedentes graves y vulneraciones a la ética por parte de Marcelo Pereira, incluso se puede proceder a una expulsión antes de una condena», aseveró.
«EN PIJAMAS»
El actual concejal por Coquimbo -quien lo fue también en el periodo de Pereira-, Mario Burlé, proyectó que para el mes de diciembre la deuda municipal ascenderá a los 40 mil millones de pesos, algo que, sostiene, no le sorprende, debido a cómo se venían dando las cosas al final de la anterior administración. «A mí me llamaba la atención de que la encargada de administración y finanzas, Wilma Sánchez, nunca se conectara a las sesiones del concejo, cuando estábamos llenos de dudas respecto a esto. Yo expresé mi molestia por eso, y después otros concejales también lo hicieron, pero no pasó nada, no hubo respuesta. Lo mismo con las presentaciones, jamás se respondían, entonces ahí uno se da cuenta que algo podía haber, por eso pedimos los informes a Contraloría», sostuvo Burlé.
Apoya el accionar de Manouchehri respecto a las medidas que ha tenido que adotpar, pese a que la desvinculación de personas puede ser doloroso, admite que en ciertos casos el despido está bien realizado. «Hay casos en que los funcionarios están muy bien desvinculados. Son los que yo llamo funcionarios fantasmas o niños Dios, porque nadie los veía. Iban a cobrar el sueldo y nunca más se aparecían. O ni siquiera iban, porque se les depositaba, y en otros casos más extremos de gente que iba en pijama a marcar tarjeta y cobrar horas extraordinarias. Esto no es una metáfora, es verdad y yo se lo hice presente al alcalde de la época», relató.
LAS PENAS
¿Se arriesgan penas efectivas por los presuntos delitos en Coquimbo? El abogado experto en derecho penal, Raúl Castillo, precisa que sí es una posibilidad, pero todavía falta un largo camino legal para llegar a ello. «La querella sólo ‘enuncia’ respecto a lo que se va a empezar a investigar, en indagatorias que son de largo aliento en razón de lo ya expuesto. En términos teóricos las penas van desde los 5 años y un día a los 15 años, esto va a depender de las agravantes, atenuantes, y lo que vaya arrojando la investigación. Todavía es muy apresurado hablar de condenas, porque no sabemos qué delitos se van a configurar», expresó. Lo que sí es posible deducir es que se trata de penas similares a las que arriesgan los involucrados en el Papaya Gate.
LA REFLEXIÓN: ¿UN PAÍS CORRUPTO?
Castillo, más allá de lo que está ocurriendo en el Municipio de Coquimbo y con Marcelo Pereira, hace un análisis en relación a cómo se han ido perdiendo los valores éticos, sobre todo en algunas instituciones de diversa índole, entre ellas los partidos y la propia institucionalidad política. «Este tipo de situaciones afectan la credibilidad y ponen en entredicho la forma de ejercer la función pública, porque el ciudadano común y corriente tiende a revelarse contra las autoridades que en algún momento no cumplen sus deberes de forma estricta», refirió Castillo.
En la reflexión, el abogado comenta que si bien pareciera ser que la corrupción en Chile comenzó hace poco tiempo, ya que en algún momento se decía que éramos uno de los países más transparentes de Latinoamérica, prácticas de esta naturaleza han estado siempre presentes a lo largo de la historia. «Gabriel Salazar, historiador, relata cómo el Estado se apropió de los recursos que llevaron a que para 1925 estuviésemos casi quebrados. Había clientelismo electoral ya por esos años, y luego en dictadura hay casos conocidos de cómo al Estado lo despojaron de gran parte de sus activos. Este fue un periodo negro», relató el penalista.
Posteriormente en democracia, dice Castillo, existieron casos de corrupción en los que se debió haber actuado más duramente para evitar que esto creciera como una bola de nieve. «Hubo un periodo, en la época del presidente Aylwin, en la que, según relatan cronistas, se produjo un pacto tácito entre el mundo civil y las Fuerzas Armadas y de Orden, lo que llevó a que hicieran uso de los gastos reservados en lo que quisieran. En este punto la clase política comenzó a justificar ciertas cosas, y por eso vimos cómo, primero Carabineros, luego el Ejército, y ahora la PDI, hayan incurrido, según se investiga, y no todos, sólo algunos elementos, en estas malas prácticas», finalizó.
Cabe consignar que Diario La Región intentó contactarse con Marcelo Pereira, pero hasta el cierre de esta edición no se tuvo respuesta.
