Durante la labor de persecución penal del 2014, el Ministerio Público regional consignó 11.558 sentencias dictadas por Tribunales en contra de imputados de diversos delitos, cifra que significa un aumento del 13 por ciento en comparación al año 2013 en el mismo ítem, mientras que las investigaciones terminadas fueron 45.702.
Estas estadísticas fueron dadas a conocer a la comunidad por el fiscal regional, Enrique Labarca, en la cuenta pública de gestión 2014, realizada en dependencias de un conocido hotel de la capital regional, contando con la presencia del fiscal nacional Sabas Chahuán, de autoridades de gobierno, de Carabineros, de la Policía de Investigaciones, PDI, de Gendarmería, de la Armada, del Poder Judicial y de fiscales y funcionarios del Ministerio Público local.
Labarca añadió que en el marco de las investigaciones realizadas por el ente percutor, los ilícitos de mayor connotación social como los homicidios, los robos con violencia o intimidación, los delitos sexuales, las infracciones a la ley 20.000 de drogas, a nivel regional solo representan el 10 por ciento de las denuncias, lo que indica que la mayoría de hechos delictuales denunciados tienen un componente menos violento.
En el tema de denuncias, Labarca manifestó que si bien hay un incremento, aunque remarcó que la tarea sigue a cargo de un número muy acotado de fiscales y de funcionarios.
MÁS DENUNCIAS
«Seguimos con un aumento de denuncias con 49.271 casos, lo cual representa un aumento de un 4% en relación a las ingresadas en el período anterior, aunque la PDI y Carabineros si van aumentando sus dotaciones, por ende aumenta la cantidad de procedimientos, pero creo que ha sido una buena tarea y hemos podido responder adecuadamente a las necesidades de las personas». Dentro de los casos judicializados, un 91 por ciento terminó con condenas para uno o más imputados.
Por otra parte, los archivos previsionales, en que la investigación cesa principalmente por falta de pruebas, alcanzaron un número de 2.500, bajando en un 8 por ciento la cifra al compararla con el 2013.
Además en los casos de menor penalidad como desórdenes, hurto y manejo en estado de ebriedad en procedimientos simplificados y monitoreos por faltas y simples delitos, fueron presentados 14.800 requerimientos ante Tribunales, cifra que también representa un aumento, en comparación al 2013, de un 6 por ciento.
Labarca, en cuanto a la labor futura del Ministerio Público, señaló que está la persecución penal de los delitos de usurpación de aguas y de infracciones a la Ley General de Pesca por ser una zona que explota recursos pesqueros a nivel de pesca industrial y artesanal.
«Tenemos un fenómeno importante en la región como es el caso de la sequía, porque cuando no tenemos esta condición climática no hay muchas denuncias de delitos de agua, pero por la actual situación que estamos registrando problemas reales con la administración de agua, lo que empieza a generar delitos de usurpación y situaciones de una posible violencia por el recurso que cada vez es más escaso y desde ese punto de vista para nosotros la investigación de estos casos a pesar de la baja penalidad que tienen es prioritaria y en materia de recursos de pesca ha habido una preocupación con el Servicio Nacional de Pesca a fin de hacer efectivas sanciones a quienes infringen la normativa en esta área de la economía nacional y regional».
