Miembros del cuerpo colegiado asumen que esperarán un dictamen de la Contraloría General de la República para determinar las siguientes acciones a seguir respecto a una denuncia por faltas a la probidad administrativa y conflicto de interés del jefe comunal. Las acusaciones fueron interpuestas por ex jefa del área Jurídica, a quién Cerda solicitó su renuncia.
Por acuerdo de la mayoría de los integrantes del Concejo Municipal de Andacollo, hoy se realizará una sesión «extraordinaria» de esa instancia para conocer los antecedentes que motivaron una denuncia -interpuesta en la Contraloría General de la República- contra el alcalde Gerald Cerda, por supuestas faltas a la probidad administrativa y conflicto de interés para favorecer a familiares directos y contratar a personas que participaron durante su campaña electoral.
La denuncia fue expuesta por Diario La Región el domingo pasado y fue presentada por la ex directora Jurídica, Sandra Rivera, a quién el alcalde Cerda solicitó su renuncia el 21 de diciembre, tras exhibir un requerimiento ante el ente fiscalizador.
Entre las anomalías estaría la intención del jefe comunal de «eliminar» a funcionarios mal evaluados por la comunidad, u otros que no contaban con los requisitos académicos para los cargos, además de perjudicar en sus labores a trabajadores de la administración anterior.
Los directivos y personal perjudicado serían la jefa del Departamento de Personal; la directora de Administración y Finanzas; la jefa del departamento de Aseo y Ornato; la directora (s) de Desarrollo Comunitario; la encargada de la Oficina de Deportes, la jefa del Departamento del Medio Ambiente y el jefe del departamento de Turismo y Cultura, además de otros funcionarios y servidores municipales.
Una imputación adicional de la abogada Rivera alude al aumento en las facultades que transfirió Cerda hacia la jefa del Departamento de Cultura, Yasna Pizarro, (tía del alcalde) para certificar esas nuevas contrataciones. El jefe comunal, a través de una declaración pública, reconoció que cometió «errores» al no chequear los antecedentes, pero desmiente las presuntas faltas.
René Olivares, concejal independiente, pro UDI, ratifica que de «común acuerdo» entre sus pares acordaron realizar esta reunión, a fin de conocer la posición del alcalde respecto a estas denuncias. «Lamentamos que el municipio se vea involucrado en situaciones de esta índole, y estamos a la espera de ver cuáles son los pronunciamientos efectivos que pueden darse desde la Contraloría al conocer esta denuncia. Queremos ver la información que pueda dar el alcalde a estos hechos», sostiene.
«Debido a la gravedad de los antecedentes que existen, es necesario que esto se aborde con urgencia. Ahora el alcalde deberá presidir la reunión y entregar los informes, y vamos a ser muy cautelosos con la información que se entregue», destaca.
Añade, sin embargo, que será un eventual pronunciamiento de la Contraloría el que fije las acciones a seguir respecto al tema, pero critica que esperaban una respuesta anterior por parte del jefe comunal, puesto que no solo conocía los antecedentes, sino también por la colaboración que han puesto en la gestión del edil, entendiendo que Cerda «no es una persona que tenga esa experiencia en el ámbito público».
«Aquí hay acusaciones que denostan a los funcionarios municipales. Hay funcionarios que han sido referenciados y puestos en tela de juicio», sentencia.
A juicio de Javier Cifuentes, concejal de Andacollo del Partido Comunista (PC), una de las faltas administrativas graves del alcalde Cerda fue poner término de contrato a Yasna Pizarro y luego recontratarla en calidad de contrata, y con aumento de grado, siendo que la aludida es «tía» del jefe comunal. «Hay una falta a la probidad administrativa. Ella es tía del alcalde, y ahí hay una irregularidad y no corresponde», dice.
Respecto a las presuntas irregularidades contra los funcionarios municipales, Cifuentes menciona que en el municipio existe «persecución» hacia los trabajadores. Y detalla: «había cambios de lugares en los funcionarios que los dejaba sin hacer nada. Un funcionario que ejercía hace más de 15 años, y desempeñaba bien su trabajo, lo sacaron a otro espacio donde no había siquiera un escritorio… eso es persecución, y se lo hice ver al alcalde hace bastante tiempo, en forma directa».
En relación a la denuncia realizada por la ex Directora Jurídica de la Municipalidad de Andacollo, Sandra Rivera González, el alcalde Gerald Cerda hizo una declaración a Diario La Región, expresando que la solicitud de renuncia se debió a «innumerables errores y desaciertos en su labor de asesora jurídica del Municipio».
«En rigor, la persona aludida por la señora Sandra Rivera, con la que efectivamente me une una relación de parentesco, era funcionaria del Municipio desde el año 2016, es decir, 5 años antes de mi ingreso como alcalde», precisa.
Respecto a eventuales faltas al perseguir o denostar a determinados funcionarios, Cerda la desmiente categóricamente: «durante mi campaña recogí testimonios de cientos de vecinas y vecinos acerca del comportamiento de algunos funcionarios del Municipio, y naturalmente al asumir como alcalde consulté los mecanismos legales y jurídicos para retornarlos a sus puestos de trabajo, toda vez que la administración anterior removió personal en puestos distintos a los que desarrollaban habitualmente, semanas antes de mi incorporación».
«Como alcalde debutante, en los primeros meses de mi administración podré cometer errores, pero mi voluntad y compromiso de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos sigue intacta», mantiene, y añade que «es natural» que al cambiar una administración municipal se produzcan movimientos propios de la instalación de los equipos.
