Luego que la Contraloría General de la República declarara ilegales 29 de 34 convenios entre el Estado y fundaciones, volvieron los fantasmas en cuanto al mal uso de recursos públicos. Estos acuerdos fueron suscritos en 2023 e involucran más de $ 13 mil millones. En la zona se apuntó al famoso centro científico Ceaza, organismo que descartó cualquier situación irregular en un contrato por $ 1.000 millones.
«Este año los recursos no han sido traspasados aún debido a los reparos que ha hecho Contraloría al convenio en aspectos de forma, por lo que esperamos puedan ser subsanados prontamente por parte del Gobierno Regional para seguir con nuestro funcionamiento normal», aclararon desde el organismo.
Tras el escándalo del Caso Convenios, el contralor Jorge Bermúdez congeló la toma de razón de todos los convenios en el país, y en sus indagaciones determinó que gran parte de los casos no cumplen los estándares, por lo tanto fueron declarados ilegales o «representados», término jurídico que ocupa el ente contralor.
«Como CEAZA estamos tranquilos, esperando que se subsanen las observaciones hechas por Contraloría. Este convenio regula anualmente el traspaso de recursos operacionales desde el Gobierno Regional al CEAZA, es un procedimiento que se realiza de manera frecuente. En esta oportunidad la Contraloría observó este convenio en aspectos de forma y esperamos que puedan ser subsanados prontamente por parte del Gobierno Regional», dijo Claudio Vásquez, gerente corporativo del Centro Científico CEAZA.
Giros demasiado amplios
Entre las observaciones realizadas por Contraloría se encuentra que hay fundaciones con giros «demasiado amplios»
«La Contraloría plantea que el convenio es representado, este es un concepto jurídico que implica que la Contraloría puede solicitar mayor información o corregir diversos aspectos. La Contraloría tiene esta facultad, y es por esto que solicita que el Gobierno Regional corrija las observaciones, y por nuestra parte, como CEAZA estamos disponibles para entregar toda la información que se requiera para solucionar esto a la brevedad, por lo que estamos a disposición del Gobierno Regional».
Lo develado por La Tercera este sábado trajo coletazos. Hasta la Contraloría llegó el diputado Jorge Alessandri (UDI), junto al diputado y secretario general de RN, Diego Schalper, y la consejera constitucional de Evópoli, Gloria Hutt, tras el informe del ente contralor que declaró ilegales los convenios por $ 13 mil millones entre el Gobierno y fundaciones.
«Todos en el mismo saco»
Surgen dudas en todo ámbito y se suele mezclar y poner a todos en un mismo saco. En ese contexto, Vásquez aclara que «la estructura de financiamiento de CEAZA tiene dos componentes, su presupuesto basal, que proviene del Gobierno Regional y que financia sueldos, gastos generales, actividades en terreno y de divulgación. Este presupuesto representa cerca del 40% del financiamiento total, ya que también el CEAZA se financia a través de la postulación de proyectos concursables que durante el año pasado fue cercano a los 1700 millones aproximadamente, y proviene de fondos públicos y privados nacionales e internacionales»
CEAZA es una corporación sin fines de lucro que está formada por cuatro instituciones: la Universidad de La Serena, la Universidad Católica del Norte, INIA y el Gobierno Regional. Tiene un giro muy claro y coherente con su misión, es decir, hacer investigación científica y cada uno de los gastos que se ejecutan en CEAZA es auditado permanentemente por la fuente de financiamiento que corresponda. «Además, publicamos anualmente nuestra gestión financiera en nuestra memoria anual, que se puede encontrar en nuestra página web», esbozó
En cuanto a esas dudas que pudiesen o no dañar la imagen de una instancia que se ha destacado por su rol científico no solo en Coquimbo, sino que en el norte de Chile, el gerente señala que existe calma a pesar del turbulento fin de semana.