Hecho se registró el viernes, en un sector rural de la comuna. Ambos el día lunes fueron formalizados y liberados este miércoles, luego que se estableciera por la defensa la legítima defensa privilegiada, además del pago de una caución.
El caso quedó al descubierto el sábado pasado cuando se amplió la detención de dos sujetos de 25 y 29 años. El lunes fueron formalizados y el miércoles, dejados en libertad por el pago de una caución, firma mensual en la comisaría más cercana y arraigo nacional.
Hasta ese día, un excarabinero y un exmilitar, ambos dedicados a ser guardias de seguridad, fueron imputados por la muerte de una persona al interior de un fundo en el sector rural de El Romero, en La Serena, hecho ocurrido el viernes de la semana pasada.
Esa tarde le dispararon con una escopeta a un sujeto que supuestamente ingresó a robar limones, por lo que, tras su detención, se les formalizó por los delitos de homicidio simple, porte ilegal de armas de fuego y porte ilegal de municiones.
Sin embargo, y luego que la defensa expusiera la legítima defensa privilegiada, ambos quedaron en libertad.
Carlo Silva, abofado defensor, explica que «logramos que el tribunal de garantía rechazara la prisión preventiva de ambos y estableció una caución de dos millones y medio de pesos», desechando la prisión preventiva solicitada por el ministerio público.
Aquella decisión fue apelada por fiscalía, especialmente por el que habría provocado los disparos, «así que fuimos a la corte este miércoles pretendiendo que se mantuviera la decisión y que lo dejaran libre con una caución. Nosotros establecimos o discutimos en la Corte que había circunstancias de legítima defensa privilegiada, porque la víctima había ingresado al predio mediante escalamiento del cerco y, además, había portado un arma blanca…».
Entonces, agrega, la Corte entendió que había legítima defensa privilegiada «por el escalamiento, por la presencia de un arma blanca en la mano de la víctima, que nuestros defendidos tenían irreprochable conducta anterior, que habían prestado auxilio para que ese resultado se evitara y, además, habían colaborado con la investigación».
Primeros auxilios
En cuanto al plazo de investigación, se decretaron 90 días a contar de la fecha de la formalización, «tiempo en que vamos a desarrollar nuestra tesis e insistir en que hay legítima defensa, que existen circunstancias de colaboración, por cuanto nuestros defendidos no huyen del lugar, sino que llega carabineros, se denuncian y prestan auxilio a la víctima».
Reconoce que la dos personas por ser un excarabinero y un exmilitar tienen conocimiento de primeros auxilios y, de hecho, «hay fotografías donde se ve la gasa, alcohol, tijeras y todo lo que implementaron para prestarle los primeros auxilios a la víctima».
Incluso, esgrime que los registros de audio de Cenco de Carabineros y del SAMU dan cuenta de que Carabineros, después de que fueran convocados por Samu, «y llamados por mis defendidos, llegó cerca de 40 minutos tarde porque estaban en un procedimiento de violencia familiar y no podía mandar un carro. Por lo tanto, la corte entendió que ambos habían realizado actividades de socorro y que hicieron todo para evitar la consecuencia de muerte».
Este jueves en el séptimo tribunal de garantía de Santiago se realizó una nueva audiencia en que se discutió la reformalización de la investigación en el «caso gendarmes», que tiene a cerca de 10 funcionarios, solo de La Serena, con arresto domiciliario y una investigación de Fiscalía por delitos de cohecho activo y pasivo, por supuesto lavado y activo y por un presunto delito de asociación criminal.
Explica Silva, abogado defensor, «que se hicieron precisiones como lo pretendíamos y precisiones fácticas de fechas, de momentos, de montos, de supuestamente delitos de lavado de activos. Y se agregaron algunos otros ilícitos como obstrucción a la investigación y un supuesto delito de omisión de denuncia por un hecho en particular. Sin embargo, se mantuvo todo en la misma forma, por cuanto la fiscalía no pidió modificación de medidas cautelares, quedando todos con arresto domiciliario».
Sí se amplió el plazo de investigación por 60 días.
