El hecho ocurrió en noviembre 2019 en La Serena, en el contexto del estallido social, cuando el niño de 13 años fue detenido por funcionarios policiales. «La libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad», sentenció el tribunal de alzada.
Johana Rodríguez, madre del menor agredido en noviembre de 2019 en pleno estallido social, no cesa en su búsqueda de justicia desde que pasaron los hechos y que sean detenidos los carabineros que detuvieron a su hijo y lo torturaron.
En entrevista con Diario La Región, comentó que «mi hijo solo era un niño de 13 años y no tenía por qué haberlo golpeado los carabineros de la manera que lo hicieron. Mi hijo tiene una familia detrás y hemos sufrido al ver cómo lo dejaron, agrediéndolo en forma brutal…».
Junto al equipo jurídico de la Corporación 20 de Octubre, aseguraba entonces que «la verdad siempre sale a la luz, y aunque ya no me queden fuerzas, yo voy a seguir luchando para que ellos paguen lo que le hicieron a mi hijo…».
La entrevista la concedía después de enterarse que el Juzgado de Garantía de La Serena ordenaba solo la prohibición de acercarse a la víctima. Sin embargo, esta vez la situación fue diferente y el tribunal acogió los recursos de apelación presentados por el Ministerio Público y las partes querellantes, y revocó la resolución que negó la prisión preventiva de los funcionarios F.M.G.C y J.E.A.O.
«Como Corporación 20 de Octubre estábamos apelamos a la resolución del Juzgado de Garantía con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Fiscalía, dada la gravedad de los delitos, pues son extremadamente graves, como la tortura en contra de un menor de edad, lo que además aumenta en un grado la pena», señaló la abogada Adriana Rojas.
Golpes de luma
Para el tribunal de alzada, «en relación a la necesidad de cautela, teniendo presente la pena asignada al delito, esto es presidio menor en sus grados medio a máximo, y siendo el ofendido un menor de edad (por lo que la pena debe aumentarse en un grado), se estima que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, a lo cual se abona el carácter del delito y la circunstancia de haber actuado en grupo».
Sostiene el fallo que «sin perjuicio de lo razonado por el sentenciador de la instancia, estiman estos juzgadores, respecto del requisito del artículo 140 del Código Procesal Penal, que existen antecedentes suficientes para concluir que el día 21 de noviembre de 2019 funcionarios de Carabineros procedieron a agredir al adolescente (…) con golpes de luma en diferentes partes del cuerpo, quien fue trasladado en calidad de detenido a la Primera Comisaría de La Serena. Estos hechos que configuran, en esta etapa inicial de la investigación, en concepto de estos sentenciadores, el delito previsto en el artículo 150D del Código Penal, esto es apremios ilegítimos».
Muy grave
Para Adriana Rojas es un paso más en la búsqueda de verdad y justicia, aunque tanto funcionarios policiales como militares «han tenido privilegios en materia de cumplimiento de esta medida cautelar, y efectivamente ellos, en este caso, la cumplen en comisarías».
Uno se encuentra en La Serena y el otro funcionario en Coyhaique, «así que desconocemos donde van a cumplir sus prisiones, porque en algunos casos los están enviando a Santiago».
Esa tarde los dos funcionarios detuvieron al menor, de entonces 13 años de edad, y junto a otros tres funcionarios no identificados, procedieron a agredirlo, «entonces aún es más grave y por ese motivo la Corte de Apelaciones definió esta medida cautelar, que es la más gravosa, ya que los carabineros que cometieron esto no pueden andar libres, menos cumpliendo sus funciones, pudiendo exponer a otras personas y menores».
La Corporación 20 de Octubre, cuenta Rojas, nace como una continuación del piquete jurídico «que creamos el día 20 de octubre de 2019 como abogados y estudiantes de derechos, que en ese momento estuvimos siendo observadores de derechos humanos en las comisarías y hospitales. Y posterior a eso creamos la corporación y hoy lleva dos años».
La corporación está constituida por distintos equipos de trabajos, entre ellos salud, «y el equipo jurídico cuenta con cinco abogadas y abogados, quienes estamos tramitando varias causas de violación a los derechos humanos cometidos en la revuelta social y donde han ido avanzando en procesos de investigación».
