En la Cuarta Región actualmente se encuentran trabajando un total de 26 fiscales y una de las demandas emblemáticas es concretar una carrera funcionaria para los persecutores, que una vez terminado su trabajo de 10 años en el cargo ya no pueden seguir en el Ministerio Público, son tentados por estudios de abogados privados o por el Gobierno, como fue el caso del ex fiscal Alejandro Peña, situación que también se prolonga a las ausencias de fiscales por problemas de salud, familiares o administrativos.
Del total de fiscales la distribución es de 1 en Illapel, 1 en Los Vilos, 1 en Vicuña, 1 en Andacollo, 1 en Combarbalá, 8 en La Serena, 5 en Ovalle y 9 en Coquimbo, más el Fiscal Regional, Enrique Labarca. Ante la situación que aún no exista una adecuada normativa legal ni un marco regulatorio que le permita a los fiscales terminar su carrera en el Ministerio Público como un funcionario de carrera y deban emigrar al mundo particular con un enorme conocimiento e información privilegiada por la lógica del trabajo que realizan, Labarca afirmó que es necesario realizar una modificación a la Ley.
«Resulta urgente modificar la Ley Nº 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, en orden a permitir que los fiscales adjuntos que, por razones de enfermedad, maternidad o vacaciones puedan ser legalmente subrogados a fin de permitir no sólo el cumplimiento efectivo de los respectivos derechos del ámbito laboral, sino que además el poder reemplazar temporalmente a tales fiscales a fin de mantener la cantidad adecuada de personal para asumir las diferentes tareas que debe desarrollar la fiscalía, aspecto que la referida ley no considera a pesar de haber transcurrido más de 12 años de su entrada en vigencia».
Otro punto tiene relación con el exceso de trabajo que recae en los fiscales, situación que ha sido denunciada en reiteradas oportunidades y que tiene colapsado el sistema. En este sentido Labarca manifestó que «durante el 2012 ingresaron denuncias que alcanzaron un total de 49.483 casos, lo cual representa un alza de un 5% en relación a las ingresadas en el periodo anterior. Esas son las denuncias a investigar, independiente si son con imputado conocido o desconocido».
A esto hay que agregar los proyectos de Ley que envió el Ejecutivo al Parlamento conocidos como la Ley Antiencapuchados y la Ley Mi Cabo, que sancionará con penas de presidio a quien insulte a un carabineros, aspecto que recargaría aún más el colapsado sistema.
