«Este exceso de dinero pagado es un indicio muy grave e importante de corrupción».
Durante en el fin de semana, en una entrevista con LA REGIÓN, el futuro senador Daniel Núñez había afirmado que no podían permitir que el caso del Papaya Gate quedara en la impunidad, causa en donde es investigada la ex intendenta Lucía Pinto, José Cáceres, ex administrador regional, y Eduardo Espinoza, ex jefe del área jurídica, por un presunto fraude al fisco de $ 9.800 millones. Ahora, el ex fiscal del Ministerio Público, Carlos Gajardo, asumirá la representación del Gobierno Regional para «apurar» la causa a más de un año y medio.
El 24 de septiembre del 2020 un reportaje de Radio Biobío puso en descubierto lo que sería uno de los presuntos fraudes al fisco más grande de la región de Coquimbo, luego que el Gobierno Regional decidiera comprar un lote de terrenos a un grupo de inmobiliarias que buscaba venderlos en 9.800 millones de pesos. La autoridad aprobó cuatro contratos para lograrlo, pero uno a uno fueron rechazados por Contraloría, porque no se apegaban a la legalidad.
Esto motivó a que se iniciara un sumario administrativo, y el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, designara a la persecutora regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, para que indague el delito de fraude al fisco, además se sumó el Consejo de Defensa del Estado con una querella.
A más de un año y medio la causa sigue sin ser formalizada, y la eventual devolución de los dineros pagados por el terreno se mantiene en status quo.
Esto dio pie a la gobernadora regional Krist Naranjo a pedirle al abogado y ex fiscal Carlos Gajardo, que represente al organismo en la causa, pueda tener una mayor celeridad y presentar más antecedentes en la Fiscalía Local de La Serena.
Al salir del Ministerio Público, Naranjo señala que «como nuevo gobierno regional es importante clarificar hechos que han sido de investigación y que han causado bastantes problemáticas en cuanto a los fondos y administración de estos recursos públicos. Es por esto el compromiso que tenemos. Ya desde febrero estamos muy contentos de poder contar con el trabajo de Carlos Gajardo para avanzar en estas investigaciones, que no han tenido todavía resultados, y algunas nuevas como el caso de la Seremía de Minería o el consistorial de Coquimbo».
Por su parte, Carlos Gajardo, abogado y ex fiscal del Ministerio Público, señala que «hay diversos hechos de corrupción que están hoy día siendo investigados. El más grave es el que se conoce como el Papayagate, es decir la compra de un terreno en más de 9.800 millones de pesos, cuando las tasaciones indicaban que ese terreno no costaba más de 4 mil millones. Hay ahí un hecho que debe ser investigado».
«Hay una querella del Consejo de Defensa del Estado por fraude al fisco por este exceso de dinero pagado, lo que por supuesto es un indicio muy grave e importante de corrupción, y nuestros esfuerzos estarán orientados a que las personas involucradas en estos hechos sean sancionadas y que los dineros que se han obtenido de mala manera puedan ser recuperados por el Estado».
Reunión con el Consejo
de Defensa del Estado
Momentos antes de ir la Fiscalía, la gobernadora Krist Naranjo, junto al abogado Carlos Gajardo, tuvieron una reunión online con el Consejo de Defensa del Estado, entidad que esclareció algunos temas y dudas sobre el estado de avance del «Papaya Gate», además de estar muy dispuestos en acoger los nuevos antecedentes que ya se hicieron llegar.
En este caso, el gobierno regional entregó medios de prueba para el esclarecimiento de los hechos, puso a disposición la lista de testigos que conocen aspectos internos del proceso administrativo a través del cual se habría generado la inversión de manera fraudulenta y perjudicial de los recursos públicos administrados por el GORE.
Junto con lo anterior, en la Fiscalía de La Serena se tramitaron antecedentes en relación con la construcción del edificio consistorial de la Municipalidad de Coquimbo, también sobre la denuncia hecha por la Gobernadora Krist Naranjo a la Seremi de Minería que afecta a los mineros de Canela y Punitaqui, por eventual malversación de fondos, y solicitar antecedentes en relación a denuncias por hurtos o robos cometidos en dependencias del gobierno regional, entre otros casos y antecedentes que buscan transparentar el trabajo y correcto uso de fondos públicos de la institución.
Impacto en las arcas
En cuanto a los efectos en el presupuesto dentro del Gobierno Regional, Naranjo sostiene que «cuando ingresamos nos encontramos con estas problemáticas y déficit dentro de lo que es el presupuesto regional, el año pasado teníamos un presupuesto aproximado de $ 62 mil millones, sin embargo esto también fue considerable».
«Hay un desfalco producto del Papaya Gate y también hay otras investigaciones que están en curso, siendo una las cajas de alimentos que fueron distribuidas en pandemia, y también otras causas, como son la malversación de fondos por parte de la Seremía de Minería y en el edificios consistorial de Coquimbo».
