Un grupo de emprendedores coquimbanos que participan de la feria artesanal de la Avenida Costanera, (inmediaciones de Parque O’Higgins) denunciaron ante la Municipalidad de Coquimbo sobre presuntos cobros de hasta un millón de pesos que pedían organizadores del espacio a algunas personas interesadas en poder contar con un espacio en el sector. El alcalde Alí Manouchehri decidió revocar el permiso de funcionamiento a Eventos Inés González Bones, representada por el ex funcionario municipal Mauricio Swart, señalando que esas prácticas serán erradicadas en su mandato. Sin embargo, el aludido asegura que todo esto sería parte de una persecución política en su contra, al haber sido cercano a la administración anterior.
Al menos cuatro locatarios llegaron hasta la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias, apuntando que para ser parte del espacio comercial debían cancelar inéditas sumas de dinero. Según documentos a la cual obtuvo acceso este medio, señalaron haber intentado reducir aquellos montos, pero no fue aceptado por parte la persona que se adjudicó la feria.
Según el municipio, Swart les habría realizado un cobro de 500 mil pesos por un puesto de 2×2 por la temporada estival, además de otros cobros aparte por la luz, y 2 mil pesos diarios para funcionar.
En septiembre de 2021, el acusado ganó la instalación de esta feria en el sector de la medialuna del Parque O´Higgins, y que involucraba la instalación de más de 100 stand con el objetivo de impulsar una feria social en ayuda de personas en estado de vulnerabilidad, para que puedan generar algunos ingresos en medio de la crisis económica.
Sin embargo, la administración Manouchehri señaló que ese proyecto que presentaron en un comienzo, no se habría llevado a cabo bajo las normas legales. Y según explicaron desde la casa edilicia, no se cumplieron las promesas establecidas.
«El proyecto que hicieron llegar no es igual al que implementaron. No aparece que van a hacer un cobro, eso jamás fue así. Si nosotros hubiésemos sabido que empezaría a subarrendar, jamás se lo hubiesemos dado. Hablaron que era un espacio de artesanía, pero si uno va al lugar, se encuentra con muchos comerciantes ecuatorianos que compraban al por mayor y vendían al por menor. Pero la idea es proteger a la gente que se vio entre comillas engañada ,y las ayudaremos a que sigan vendiendo», señaló Cristóbal Reyes, jefe de Dideco.
Reyes asegura que este tipo de prácticas se normalizaron durante años en el municipio y que pretenden erradicarlas para siempre. «A nosotros, se nos acerca una persona que viene al municipio en nombre de varias personas para que les aprobemos un espacio, para que puedan funcionar como feria. Pagan su patente y todo bien, pero cobrar una ridiculez de plata a gente humilde es otra cosa, algo que como administración no vamos a tolerar».
«Dejar en claro que en la ordenanza municipal sobre comercios estacionados y ambulantes en bien nacional de uso público N° 1013, indica que no se puede entregar a un particular un bien nacional de uso público para que lo arriende o sub arriende a otras personas, esto porque el artículo 22 establece que los permisos son personales e intransferibles, además, en el art 48 letra q) que considera como falta grave, arrendar, prestar, dar en administración o facilitar el permiso o patentes a terceras personas», dice parte del informe que efectuó la municipalidad para tratar este caso.
Documento que finaliza exponiendo que «por lo anterior se solicita dejar sin efecto el decreto N°1973, (adjudicado por Swart) sin forma de juicio y sin derecho a indemnización, e incorporar la materia indicada a procedimiento disciplinario de quienes resulten responsables».
Sin embargo, Mauricio Swart niega haber ejecutado esos cobros, y que todo se trataría de una persecución política. «Desde el 2010 que la municipalidad hace licitación interna para hacer ferias de verano. Yo me he ganado unas seis veces la feria. No entiendo porqué dicen que yo no puedo lucrar, si soy una empresa, acá no postula una organización de beneficencia, es una empresa. Pienso que esta administración no sabe cómo es un proceso de licitación, o simplemente quieren embarrarle la vida a una persona».
Y es que dice sentirse perseguido. «La municipalidad fue a terreno a sembrar el odio en mi contra, y ahora le gente no quiere pagar nada de arriendo. Se pide « 250 mil mensual por toda la temporada, enero y febrero».
Ante ello desde la municipalidad se rechazó cualquier tipo de persecución. «Aceptamos en un principio el proyecto, si la idea era buena se acepta, pero acá tenemos otra cosa»…
