Durante 2020 y 2021 hubo una flexibilidad por parte del Ministerio de Educación respecto a la exigencia de uniformes escolares, y para este 2022 es una facultad que tienen los sostenedores de los establecimientos, que debe ser consensuado con las comunidades educativas. La indicación es que cualquier proceso que parezca irregular o tenga alguna característica que no corresponda, puede ser denunciado a la Superintendencia de Educación.
Junto con el término de la Navidad y el comienzo de la temporada estival, las vitrinas de las tiendas se empiezan a llenar de uniformes escolares, útiles y mochilas, y a diferencia de los dos años anteriores, en donde la exigencia se flexibilizó por la pandemia, para este año quedará a criterio de los sostenedores de los respectivos establecimientos educacionales.
«Ver uniformes en las vitrinas es un poco duro, porque estamos recién terminando el año escolar, y de pronto los niños, los profesores y las familias necesitan desestresarse de este proceso, que ha sido tan complejo durante los últimos dos años en educación y en el mundo», comenta el seremi de Educación, Claudio Oyarzún.
La autoridad aclara, en primer lugar, que las clases son de carácter obligatorio a contar del 2 marzo para todo el país, «creemos que es necesario, porque tenemos un tremendo desafío que es recuperar y nivelar los aprendizajes, por eso debemos optimizar el tiempo y la presencialidad, que es la mejor estrategia para generar los aprendizajes más allá de los esfuerzos que hicieron las comunidades educativas de mantener los procesos a través de sistemas online o hibrido, pero la presencialidad es irremplazable».
En este sentido, algo tradicional son los uniformes, «durante el año pasado, y el anterior, hubo una flexibilidad absoluta por parte del Ministerio de Educación, y para este 2022 la exigencia de uniformes es una facultad que tienen los sostenedores del establecimiento, consensuado con las comunidades educativas, no siendo una exigencia irrestricta de un uniforme de ciertas características o valores, pero debe ser una definición ojalá en conjunto y que se refleje en los reglamentos internos de cada establecimiento».
«El regreso a clases presenciales reactiva toda la normativa que rige a los establecimientos, los reglamentos o los manuales, y si en eso se refleja que el uniforme es obligatorio o que va a ser consensuado, se debe informar a la comunidad educativa, que se socialice oportunamente para que exista este criterio común y que no genere inconvenientes», agrega.
Puntualiza en que «la facultad la tiene el director del establecimiento para este exigencia, pero la sugerencia está en socializarlo, en compartirlo con la comunidad educativa para no generar con este tema un foco de conflicto, porque lo central es el proceso de enseñanza del aprendizaje».
¿Y los útiles escolares?
Otro de los elementos más demandados previo al inicio de clases son los útiles escolares, «no olvidemos que son solicitados pensando en que son insumos para el proceso de aprendizaje, lo que está claro es que ninguna institución escolar podría exigir útiles escolares de una determinada marca, más aun en el contexto en que estamos. Se apela a que la lista de útiles consigne aquellos elementos que son fundamentales, como cuadernos o lápices», señala el seremi.
Y agrega que «en lo que debemos estar muy atentos es que en este listado no hayan elementos que sean peligrosos para la salud de los niños, pero en general los útiles responden a necesidades educativas, hay criterios por los que no se podría pedir algo de una determinada marca».
¿Dónde se puede
denunciar alguna
mala práctica?
En el caso que algún apoderado considere que el colegio incurrió en una mala práctica, como solicitar uniformes o útiles de una determinada marca, Oyarzún comenta que «de parte nuestra quien cumple esta función es la Superintendencia de Educación, donde los apoderados puede hacer un tipo de presentación si les parece que alguna situación no es regular, no puedo asegurar que diga que no corresponde, sino que ellos investigan y analizan».
«La indicación es que cualquier proceso que parezca irregular, o tenga alguna característica que no se ciña mucho a lo que corresponda, puede ser denunciado a la Superintendencia, quienes toman carta en el asunto y resuelven», cierra.
