La condición de exonerado político la tienen aquellas personas que fueron echadas de sus empleos, tan sólo porque militaban en algún partido político o simplemente no estaban de acuerdo con el golpe militar de 1973.
Profesionales, muchos médicos, profesores, obreros, como también empleados de empresa intervenidas por el gobierno, como es el aso de la Lanera Austral y la Fábrica de Neumáticos que estaban en el barrio Industrial de Tierras Blancas, o los empleados del puerto o de Radio Riquelme, en Coquimbo.
Esas personas fueron despedidas sin beneficio alguno. Muchos no tuvieron nuevo empleo por años, nadie los contrataba pues llevaban el estigma de ser exonerado político y eso era mal visto por el gobierno y sus informantes.
Luego, con la vuelta a la democracia se legisló para reparar en parte el daño causado por el Estado de Chile contra esos trabajadores castigados por pensar distinto.
La ley tramitada y aprobada en el congreso, indica que la condición de exonerado político la dan tres instancias: La comisión que recoge los documentos, la Contraloría y el Instituto de Previsión, que deben revisar la documentación.
En la región de Coquimbo son alrededor de cinco mil los exonerados, muchos de los cuales están agrupados en una Asociación-
Amador Ahumada, encargado de Comunicación de la agrupación manifestó su rechazo a la campaña a nivel nacional, dice, que ha hecho por todos los medios de comunicación el gobierno, aprovechando la situación de la posibilidad de que algunas personas que podrían haberse aprovechado».
El dirigente, agregó que ellos no están de acuerdo con personas que no habiendo sido exonerados se hayan aprovechado de esta situación. «Es posible que los haya (…) nosotros nos ganamos un derecho, tenemos tres leyes (…) nosotros no podemos aceptar que personas que desconocen este aspecto nos metan a todos en el mismo saco».
Los exonerados de La Serena indicaron, muy afectados, que con esta especie de propaganda en su contra, «nos están haciendo pedazos en todas partes. Como que nosotros somos unos delincuentes, nosotros somos trabajadores con dignidad, pero con esto, lo rechazamos, especialmente lo que ha dicho la señora ministra Matthei quien nos trató de lo más bajo».
Los exonerados locales esperan que el gobierno no continúe lanzando dardos en contra de la dignidad de quienes trabajaron en las empresas del Estado hasta el año 1973, puesto que pasaron por diversos desagravios antes de indemnizados con estas pensiones.
Ahumada finalizó precisando que «la exoneración fue uno de los derechos humanos atropellados por la dictadura y significó miseria, proyectos de vida destruidos, familias dispersas, dolor, angustia, hambre por muchos años; somos un segmento de la sociedad el cual merece respeto, no nos dejaremos avasallar por los descendientes de quienes nos exoneraron».
