Los entendidos aseguran que la entidad cumple el rol de fiscalizar en los plazos que se han planteado -que podrían ser de tres meses- pero chocan con la imposibilidad de actuar en forma sancionatoria. La información obtenida puede ser entregada a la Contraloría o al Ministerio Público, según corresponda, pues esos entes son los que pueden tomar acciones decisivas.
Tras conocerse de las situaciones que podrían vincular a la Fundación «Buenas Raíces», que habría recibido montos cercanos a los $100 millones y que tiene relación con fondos de exclusivo manejo de la gobernadora Krist Naranjo, el Consejo Regional de Coquimbo dispuso crear una comisión investigadora que busca esclarecer todos los traspasos que se realizaron a diversas organizaciones en la zona.
Recordemos que esta instancia, creada recientemente, permite a los cores ver cómo se están destinando los recursos del Gore, fiscalizando los que se encuentran bajo los $ 445 millones aproximadamente (7 mil UTM).
Si bien los plazos dispuestos por la comisión son de tres meses aproximadamente, lapso susceptible de aumentar de acuerdo a las circunstancias, cabe preguntarse ¿cuáles son las principales incidencias que el trabajo de esta comisión trae consigo y cuáles son sus reales atribuciones? Recordemos que otra comisión que investigó a la gobernadora Krist Naranjo, que tuvo lugar a fines de 2022, permitió recabar antecedentes que permitieron que la Contraloría la sancionara por tres meses de suspensión, aunque indagar un sinnúmero de actos administrativos tendría otras complejidades.
LA PRIMERA PARTE DEL TRABAJO
Mario Burlé, abogado administrativista y concejal, en conversación con Diario La Región, señaló que «los consejeros regionales tienen que actuar en su facultad fiscalizadora como cuerpo colegiado. Así lo ha dictaminado la Contraloría, lo cual no impide que en forma individual puedan requerir la información que necesiten saber. Es cierto que tienen facultades fiscalizadoras, pero no sancionatorias».
En ese contexto, y de acuerdo al resultado de la investigación que están llevando a cabo, Burlé acotó que «tienen que poner los antecedentes en manos de la autoridad pertinente. Si de los resultados de la comisión investigadora los consejeros regionales estiman que podrían haber faltas administrativas, estos antecedentes debe ser entregados a Contraloría. En el caso que pudiese haber un delito, tienen la obligación de ponerlo en conocimiento del Ministerio Público para que éste investigue. La ley es bastante clara, todo funcionario público que tiene conocimiento de una conducta que podría constituir un delito, debe denunciarla», argumentó.
EN DETALLE
En ese contexto, son varias las facultades que tiene el Consejo Regional en materia de fiscalización. La abogada y académica de la UCEN Coquimbo, María-José Lira Marti, detalló que «dentro de la funciones que tiene el Core está la de fiscalizar el desempeño del gobernador o de la gobernadora regional en su calidad de órgano ejecutivo del Gobierno Regional; es decir, en su calidad de dar cumplimiento, de ejecutar y de materializar las decisiones del Consejo Regional y no en su calidad como jefa de servicio del Gobierno Regional. También tienen facultades para fiscalizar unidades del Gobierno Regional o entidades que tengan alguna atribución dada por el Gore».
La abogada señaló que «en términos normativos, en la ley 19.175, que regula el gobierno y administración regional, no está contemplada la creación de comisiones investigadoras, sin perjuicio de de lo que puedan establecer en el reglamento interno como instancia previa a un acuerdo o sugerir una observación. Ellos pueden hacer una comisión investigadora, pero no tiene una institucionalidad legal, jurídica, como así ocurre, por ejemplo, en la Cámara de Diputados».
En definitiva, Lira Marti subraya que tras los resultados de la investigación en curso, «la comisión puede llegar a algún acuerdo o sugerir observaciones a la gobernadora. Más que eso, no mucho más, puede hacer, porque el Consejo Regional, en materia disciplinaria, ni respecto a la gobernadora ni respecto a los funcionarios del Gobierno Regional, puede actuar directamente. Tampoco tienen atribuciones en cuanto a lo que el contralor puede hacer. Lo claro es que puede haber un informe, remitirlo a la Contraloría o a la gobernadora, para que responda en 30 días, y si eventualmente encuentran delito, pueden enviarlo a la Fiscalía, pero el Consejo Regional llega hasta ahí. Son esas entidades las que podrán valorar o no esos antecedentes, porque las responsabilidades de la gobernadora, no hay que olvidarlo, se buscan a través del Tribunal Calificador de Elecciones», finalizó.
COMO ANTECEDENTE
Lira Marti recordó lo que sucedió con el caso «Papaya Gate», por el que aún no hay personas formalizadas a tres años del escándalo. «Se hizo esa comisión, hubo muchas indagaciones, se aprobó por la sala el informe, se emitieron las copias a la Fiscalía y la Contraloría, pero cada uno de los órganos funciona de la manera que estima conveniente de acuerdo a sus prioridades», puntualizó.
