El caso, en el marco del atropello que costó la vida de la guardia de seguridad en el sector del puente La Garza, en Coquimbo, en marzo pasado, se ha extendido debido a diligencias solicitadas por el Ministerio Público y que dicen relación con la alcoholemia realizada al conductor del vehículo al que se le imputan los hechos y que mantiene prisión preventiva. Posteriormente, la Fiscalía podría acusar formalmente.
Uno de los casos que más dolor e impacto ha dejado en la ciudadanía, pero principalmente en sus familiares y amigos, es de la querida guardia de seguridad Jenny Rodríguez (47), que dejó de existir alrededor de las 05:40 de la madrugada del 11 de marzo de este año, cuando en el sector del Puente La Garza, en Coquimbo, mientras conducía su moto tras regresar de una extensa jornada de trabajo en la discoteque Kamizake, fue arrollada por un vehículo. Tras producirse el hecho, el conductor del móvil se dio a la fuga.
Recordemos que si bien en una primera instancia este sujeto pagó una fianza de un millón de pesos, por lo que debía cumplir con arresto domiciliario, el Tribunal finalmente revirtió esta determinación y quedó en prisión preventiva, la que se mantiene hasta hoy.
Mientras tanto, durante estos meses ha continuado la investigación, que debía cerrarse el pasado viernes, pero una solicitud del Ministerio Público, respaldada por la parte querellante, permitió extenderla por 30 días más.
Esta determinación generó satisfacción para el abogado de la familia de la víctima, José Miguel Riquelme, que en conversación con Diario La Región aseveró que esto permitirá esclarecer un aspecto muy específico y dónde creen que aún hay aspectos por aclarar: el real estado etílico del imputado, ya que según el jurista, la alcoholemia se realizó muchas horas después del fatal accidente.
«El 22 de septiembre se realizó la audiencia de ampliación de investigación, ya que esperamos que se pudiera contar con un informe del Servicio Médico Legal respecto de una proyección de la alcoholemia que debía haber tenido el imputado al momento de ocurrencia de los hechos, porque permite precisar el delito por el que se acusará al imputado, porque una cosa es estar bajo la influencia del alcohol y otra es el estado de ebriedad con resultado de muerte», acotó Riquelme.
LA IMPORTANCIA DE ACLARARLO
Recordemos que el principal imputado, que manejaba el vehículo en el cual iba acompañado de otros amigos, fue detenido alrededor de las 11:00 horas del 11 de marzo, y a las 11:48 se le realizó el alcohotest correspondiente. El resultado arrojó 0,50 gramos de alcohol en sangre, y hubo otro a las 12:06 horas, con un resultado de 0,41. «Posteriormente, hubo una alcoholemia a las 12:52, que arrojó como resultado 0,20 gramos de alcohol en sangre, y por eso es que se solicitó el informe de proyección para así determinar su real estado al momento de la ocurrencia del accidente, a las 05:40 horas. Esta documentación fue pedida al Servicio Médico Legal», señaló el jurista.
El abogado agregó que «si el imputado fue capaz, por medio de sus amigos, de contratar una grúa, huir del lugar y después hacer desaparecer el vehículo, podríamos pensar perfectamente que realizó acciones para morigerar la cantidad de alcohol que tenía en su cuerpo», sostuvo.
José Miguel Riquelme señaló que, «ya con ese informe, se podría dar término a la investigación, el fiscal debe acusar y luego se fijará audiencia de preparación de juicio. Es importante destacar que este documento se pidió el 17 de mayo, pero sin duda puede ser fundamental. Los tiempos a veces se estiran porque el SML tiene gran cantidad de solicitudes a nivel país», acotó el jurista.
Cabe destacar que el próximo 2 de octubre se realizará una audiencia de revisión de medidas cautelares en el marco de este dramático caso, que costó la vida, tristemente, de Jenny Rodríguez.
