A la espera que este lunes el Juzgado de Garantía de Coquimbo dé lectura de sentencia en contra de Sebastián Vilches, por cuasi delito de homicidio de Soraya Olivares Pizarro, a quien arrolló mortalmente el 8 de febrero pasado cerca del Líder, la familia de la joven está promoviendo endurecer las penas para los responsables de cometer ese tipo de accidentes.
Ese día Soraya realizaba una visita turística a nuestra zona, con su pareja Daniel Castro Moraga con quien caminaba ese día de la tragedia.
El imputado Vilches accedería a beneficio de pena remitida, por tener irreprochable conducta anterior, por lo que en caso de ser condenado a los 540 días de reclusión que propone la fiscalía, dicha pena la cumpliría en libertad bajo control de la autoridad, aplicándosele solamente la suspensión su licencia de conducir.
«Acá estuvo todo dado para que este tipo hubiera podido frenar a tiempo si hubiera ido a una velocidad prudente y no terminara matando»…, comenta Enrique Olivares Ibaceta, padre de Soraya, quien lidera esta campaña para pedir endurecimiento de penas.
«Los padres muchas veces nos dedicamos a dar cosas materiales y no a formar buenas personas, él tampoco asistió a las víctimas, él se quedó ahí hasta que lo detuvieron y ahora admite responsabilidad, no hay juicio oral y todo terminará para él con unas firmas», indica con clara molestia.
Olivares añadió que a pesar de sus gestiones para conseguir más pruebas todo fue en vano, ya que el Código Penal actual permite al imputado, a través de su defensa, pedir juicio abreviado para acceder una sanción menor.
«Nosotros pedimos ampliación de la investigación a la fiscalía, ubicamos más testigos que aportaron lo que vieron y junto a los informes de Carabineros eran claros para condenarlo, pero todo termina en el juicio simplificado en que además ofrecen una compensación económica que no nos vale de nada».
Por esta causa el padre de la joven explicó que busca el cambio del procedimiento de juicio y penas para a este tipo de casos junto a su familia y las organizaciones no gubernamentales a las que pertenece, como NACE Fundación de Tránsito y Seguridad Vial por un Chile con conductores y peatones responsables y la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas contra la Violencia Vial de Colombia.
«Subir al auto tras consumir alcohol ya es algo grave cuya sanción ahora es más dura para los choferes que provoquen accidentes con alcohol en el cuerpo y esa es la nueva «Ley Emilia», que indica que al imputado hay que darle pena efectiva de cárcel desde 5 años y un día para el autor, por eso la ley que buscamos que el Parlamento promulgue es una ley parecida con penas severas para el conductor que atropelle y cause muerte o deje herido a alguien en un choque o atropello aunque no haya consumido alcohol».
Para cumplir ese objetivo Olivares llamó a los habitantes de la región y del país que tengan parientes víctimas de colisiones y atropellos a sumarse a su campaña y que tomen contacto vía Internet con las entidades a las que pertenece.