Con una sensación de amargura, impotencia y rabia, convive hace mucho tiempo la familia de Kevin Gómez, joven asesinado en Coquimbo por la bala de un militar en octubre de 2019, en el contexto del estallido social.
Primero, porque al militar Cristián Isaac Care Care se le rebajó la condena de 12 años a la pena de 5 años y un día de presidio efectivo, como autor del delito consumado de violencia innecesaria con resultado de muerte.
Y segundo, porque Víctor Briceño, hermano del malogrado joven, acusa que el militar aún no es dado de baja y tampoco está cumpliendo su pena en la cárcel.
«Se ofició el primero de abril a Gendarmería y al Ejército, con un plazo máximo de 24 horas, para que el militar que asesinó a mi hermano comience a cumplir la condena, pero hasta el día de hoy nada. De hecho, ayer (martes) Gendarmería envió un oficio al Juzgado de Garantía donde dice que el militar todavía no ha sido dado de baja y no ha sido recluido», cuenta.
Reconoce que «el militar cumplió los 29 meses de prisión preventiva en el regimiento, pero hasta hora no lo dan de baja y por eso todavía no ha llegado el recinto penitenciario. Es una pésima señal y noticia, ya que independiente que le hayan rebajado la pena -otro antecedente que nos tiene muy mal-, que todavía no le dan de baja no lo entendemos, cuando fue sentenciado a cinco años y debería, insisto, estar cumpliendo la condena en la cárcel».
Por el momento la familia de Gómez se encuentra de manos atadas y esperando que la justicia haga su trabajo, aunque advierten que la demora bien se puede deber «porque el Ejército lo sigue protegiendo y tendremos que ver qué pasa, pero no nos quedaremos esperando que él siga en el regimiento. No puede ser que siga ahí si ya fue condenado, y al ser condenado debió haber sido degradado y llevado a la cárcel».
La espera los cansa. Los inquieta. Quieren que esto acabe de una vez.
«Es una burla no sólo para nosotros, sino que para todas las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos. Pero, sabe, creo que existe presión del Ejército para no dar de baja a este militar, y también presiones políticas», recalca Víctor, que en todo este tiempo ha cumplido la tarea de vocero de la familia.
En campaña, el ahora Presidente Gabriel Boric prometió mano dura, y si bien el gobierno está recién armándose, «queremos tener alguna reunión para saber qué pasa con el actuar de los jueces, del Ejército. Lo que pasó con la rebaja de la condena, por ejemplo, es poco consecuente. Un tribunal que recibe una carpeta investigativa de dos años y dicta una pena de 12 años, no se puede cambiar así nomás. Después vienen otros magistrados que no estuvieron en el juicio, que no tuvieron acceso a la carpeta investigativa, sino que solamente se quedaron con los alegatos de la defensa, y le dan cinco años. Qué quieres que pensemos…».
Teme con este resultado que «este tipo en un par de días ande en la calle y te doy firmado que no estará ni cinco minutos en una cárcel. Esa situación nos tiene muy mal, dado que fueron dos años de una dura pelea y sabíamos que nos enfrentábamos a un ente bastante fuerte…».
