A cuatro meses de la muerte de José del Tránsito Pérez, cuyo cuerpo fue descuartizado y sus restos esparcidos por distintos lugares, la comunidad en Canela sigue temerosa. En la población continúa existiendo el miedo, la preocupación después de lo vivido el día 23 de septiembre del año pasado, fecha en que fue encontrado el cuerpo desmembrado del abuelo José, como le decían sus vecinos.
Su familia, presente este lunes en los tribunales de garantía de Los Vilos, donde se realizó la audiencia, pide que se esclarezca la verdad. Es que para ellos la palabra justicia ha sido el común denominador de sus expresiones, emitidas especialmente por sus vecinos y su sobrino, Mario Pérez.
«La gente está esperando que se haga justicia, que exista una sentencia y que sea justa con lo sucedido, para que se pueda sentar un precedente», señaló.
Agrega que «tuve la posibilidad de asistir a la audiencia en Los Vilos este lunes, donde se cumplían los 120 días de investigación, pero el plazo se extendió 40 días más por nuevos antecedentes que el imputado aportó a través de la Fiscalía –situación que deberá develar el Ministerio Público en el plazo establecido para el cierre de la investigación- y en donde involucra a más personas. Esto es bueno para nosotros, ya que siempre creímos que este sujeto no trabajó solo, que se había culpado debido a su falta de conocimiento, de creer que su limitación mental le iba a favorecer, que quizás le iba a ser más fácil salir de la prisión. Pero a nosotros no nos mueve nada más que se esclarezca la verdad, y que si existen más personas involucradas, que se sepa y que salga a la luz».
Explica Mario, debido a esos nuevos antecedentes, que «dentro de su relato él -el detenido y hasta ahora único culpable- los nombra por apodos, en una entrevista con la Fiscalía, y eso no sé si es malo, pero argumenta que hubo consumo de drogas, de alcohol, y producto de ese consumo, que supuestamente nunca había probado, lo llevó a hacer caso a los demás… Pero que se siga investigando es bueno para la familia, pero también para la comunidad. En el fondo, nosotros queremos que se marque un precedente, de que no por ser personas de bajos recursos tengamos la posibilidad de que no se esclarezca el tema. Sólo queremos que se castiguen a las personas que cometieron el crimen, para el bien nuestro y de la comuna».
Que se quede en Huachalalume
Mario no vive en Canela, pero cada vez que visita a sus familiares cuenta que la gente se le acerca para preguntarle cómo va el caso. Y él, responde que «la investigación continúa».
Pero también advierte que son muchas las personas que «realmente sienten su muerte, aunque lamentablemente, como pueblo chico, hay mucha gente entrelazada, como amigos, vecinos y gente que frecuentaba a mi tío y que a lo mejor no quieren hablar por temor. Lo que pasa que el miedo todavía está en Canela, y cuando ocurren este tipo de situaciones tan horrendas siempre hay algo que lamentablemente no está funcionando bien, y en una comuna tan chica, de verdad que eso se siente. La gente murmura, te dice lo que puede ser, pero nosotros confiamos plenamente en el trabajo que está realizando la Fiscalía con los abogados, aunque nuestra tranquilidad estará plena una vez que se sepa toda la verdad».
Reconoce que en el tema de la seguridad, «claro que cambió la comuna, pues el miedo hoy es mayor. Si bien en su momento se murmuraban situaciones raras, hoy prácticamente el miedo en las personas, sobre todo en las más indefensas, de la tercera edad, se hace mayor. Lo mismo con las familias que no tienen la certeza de lo que puede volver a pasar».
El Defensor Público Penal solicitó el traslado de su defendido, apodado el «Comando», debido a su gusto por vestir ropa militar, a los centros penitenciarios de Illapel u Ovalle, lo que a juicio de la familia no sería una buena decisión.
«Confío en el sistema penal, y si las condiciones no están dadas para la seguridad que requiere este tipo en Illapel u Ovalle, como pidió su abogado defensor, gendarmería no debería aprobar un cambio. En el fondo no creo que quien esté a cargo de las cárceles en Ovalle e Illapel se exponga a tener un tipo que ya intentó fugarse, que es violento, y que si las condiciones nos la tienen, entonces que se quedé en Huachalalume, puesto que los argumentos que entrega su abogado son bastante básicos, ya que más que nada lo hace para viajar menos kilómetros y así poder defenderlo. Es un tema netamente personal de él y que no aporta en nada a la investigación».
Respecto a una presunta condición psiquiátrica del sujeto, el que se jactaba de inspirar temor, especialmente en las mujeres y personas de la tercera edad, Pérez comentó que «eventualmente está persona tendría problemas mentales, pero creo que no le impide entender entre hacer el bien y el mal. En el fondo, cuando un tipo en todas sus declaraciones tiene tanto desprecio por la vida humana, es un tipo que no merece estar libre, ni siquiera en un hospital psiquiátrico. Acá no están dadas las condiciones para tener un tipo de estas características en un hospital psiquiátrico. Ya intentó fugarse en una cárcel con el máximo de seguridad, entonces qué les queda a los funcionarios de los hospitales…».
A juicio suyo, la ayuda que han tenido de las autoridades no ha sido la suficiente. «Me duele mucho, pero la actitud que ha tenido el gobierno local no ha sido bueno», reconoce.
Y advierte que «cuando pasó esto nos entregaron su apoyo, posteriormente fueron a Los Vilos, donde presentaron una querella, pero sin embargo el proceder de su abogado no nos ha gustado. En la primera audiencia prácticamente le dio un visto bueno al alegato del Fiscal y no aportó nada. Luego, el abogado defensor llevó el caso a la Corte de Apelaciones en La Serena y este abogado no se presenta. Si un abogado que es querellante, que busca esclarecer, que tiene la voluntad, no se presenta a una corte, me parece gravísimo. Es como que Chile clasifique al Mundial y no se presenta a jugar. Y ayer (lunes), al cabo del término de los 120 días de investigación, llega siete minutos después de terminada la audiencia, que no duró más de 15 minutos…».