El abogado, ex fiscal de la Zona Metropolitana en Santiago, Alejandro Peña, (Caso Bombas, Caso Penta), estuvo ayer por algunas horas en La Serena cumpliendo diligencias en la Corte de Apelaciones, según trascendió, a favor de su defendida, Ximena Burdiles, de la empresa Parcons, acusada de estafa en loteos «brujos».
Parcons habría loteado terrenos en el sector de Pan de Azúcar, comuna de Coquimbo sin que escriturara ni cumpliera con otras condiciones ofertadas al momento de la venta a sus clientes. El monto adeudado bordea los 600 millones de pesos.
En el caso de los vecinos de Pan de Azúcar suman que Burdiles se habría “fundido” con los dineros para pagar el consumo eléctrico.
El proceso legal está en marcha. El fiscal Peña habría ingresado una acción por su clienta Jimena Burdiles, la que recién hoy sábado podría ser vista en la Corte de Apelaciones.
En marzo del presente año la fiscalía formalizó en la investigación en el Juzgado de Garantía de Coquimbo, a Juan Miranda Carmona y a Ximena Burdiles Morh, por estafas reiteradas y por infracción a la ley de urbanismo, que habrían cometido entre los años 2014, 2015 y 2016, al vender loteos de la parcela 45 de Pan de Azúcar a 54 víctimas a pesar que la parcela tenía hipoteca y prohibición judicial para celebrar actos y contratos, lo que impide a los compradores inscribir la propiedad en el Conservador de Bienes Raíces.
Burdiles y Miranda no comparecieron a dos audiencias de formalización en 2016 y a dos del presente año, aduciendo problemas de salud, mismo argumento que invocaron para no acudir a la audiencia de formalización.
En esa última audiencia, el abogado defensor Flavio Gómez presentó un certificado médico psiquiátrico. Pero Burdiles fue detenida por esos días en el aeropuerto internacional de Santiago, pretendía ir a Lima.
La estafa sería contra 54 víctimas que pagaron $650 millones en total.
En su momento el fiscal Nicoreanu refirió que Burdiles y Miranda no cancelaron las letras al dueño de la parcela el que los demandó ante el Primer Juzgado de Letras de La Serena en el mes de octubre de 2014, proceso en el que ese Tribunal decretó prohibición de celebrar actos y contratos respecto a la parcela 45 decretando el 13 de octubre de ese año el embargo de la propiedad.
A raíz de esa situación, las víctimas quedaron imposibilitadas hasta la fecha de poder inscribir los sitios que compraron ante el Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo, lo que según el ente persecutor penal da cuenta de un actuar delictivo de los imputados, imputándoles el delito de estafa reiterada y de un delito de loteo irregular de acuerdo a la Ley de Urbanismo.
Inventa casos para trabajar en Min. Interior (Gob. Piñera) y ahora defiende a estafadores. Bueno, se entiende, es piñerista. La misma lacra.
conozco a otro sinvergenza que hace lo mismo..VICTOR ZUÑIGA SEGUEL.