Fue designado como persecutor de la causa. Cabe recordar que también tiene a cargo el Caso Procultura, en el que tomó declaraciones de la exprimera dama Irina Karamanos.
En una primera instancia fue Xavier Armendáriz, fiscal regional Centro Norte, quien llevaría el caso, sin embargo, amparándose en el artículo 19 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, que le permite al fiscal nacional Ángel Valencia designar de oficio a un representante regional en casos que por su complejidad lo ameriten, fue escogido el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.
Todo comenzó el 2 de enero, cuando el gobierno hizo público el documento de compraventa en el cual se omitió que tanto la ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández, como la senadora Isabel Allende, también eran propietarias de la casa del expresidente Salvador Allende. Rápidamente se encendieron las alarmas, sobre todo en la oposición, quienes no tardaron en criticar y tomar cartas en el asunto.
Hoy la senadora
En el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se interpone una denuncia por parte de la Fundación Fuerza Ciudadana, presidida por el republicano Raimundo Palamara, en contra del Presidente Gabriel Boric y de los que fueran responsables del supuesto fraude fiscal, dando inicio a la causa penal.
La Constitución es clara a respecto, pues prohíbe a ministros y parlamentarios celebrar contratos con el Estado. En el caso de los legisladores, la norma es más severa, ya que exige que sean cesados del cargo.
El día de ayer el fiscal Cooper citó a la ministra Fernández para realizar las pesquisas correspondientes. Hasta el momento solo fue removida de su cargo la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval.
De hecho, Fernández -vía telemática- se acogió al derecho que tienen los imputados para no declarar ante un requerimiento del Ministerio Público.
Para la senadora Allende el panorama comienza a complicarse, pues el Tribunal Constitucional acogió a trámite el requerimiento para cesar del cargo a la parlamentaria, quien hoy tendrá que reunirse con el fiscal Cooper, vía Zoom a las 9:00 horas.
El abogado Ricardo Sacaan, quien lideró las denuncias en contra de la exalcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, y de Roberto Jacob en La Serena, sostiene que, en este caso, para los ministros del gobierno solamente se establece la prohibición, «pero no es posible aplicar la sanción de la senadora a la ministra, porque las penas no se pueden aplicar por analogía».
De modo que, a pesar de que se le haga el reproche de que la ministra de Defensa violó una prohibición, «el razonamiento jurídico solo puede llegar hasta ahí, pero no se le puede aplicar una sanción, porque la norma no lo contempla».
En cuanto a la situación de la senadora, desde el punto de vista jurídico es posible que la acusación termine en sanción, sin embargo, «históricamente el Tribunal Constitucional ha sido reacio a aplicar ese tipo de sanciones a parlamentarios. Por lo tanto, desde el punto de vista político, es poco probable que el Tribunal Constitucional se pronuncie acogiendo un requerimiento de esa naturaleza y, probablemente, opte por alguna vía formal o procesal para no pronunciarse sobre el fondo».
