«Hacemos un llamado a la responsabilidad en el manejo de información sujeta a reserva legal», agregaron desde el Ministerio Público.
La Fiscalía Regional de Coquimbo anunció una investigación de oficio ante una eventual filtración de antecedentes tras la publicación de chats entre la diputada Karol Cariola y la ex alcaldesa de Santiago, Irací Hassler.
En las conversaciones por Whatsapp, la parlamentaria y la exalcaldesa -ambas del Partido Comunista- se dan recomendaciones, piden favores para amigos y lanzaron duras críticas en contra del presidente Gabriel Boric y su gobierno. En la mañana de este sábado, el diputado Luis Cuello (PC) presentó una denuncia de violación de secreto ante la Fiscalía Nacional.
A pesar de las duras críticas en su contra, el presidente Boric salió en defensa de la diputada Cariola y de Hassler, asegurando «no me van a poner en contra de compañeras de ruta porque un día en confianza hayan hablado mal de mí o de mi gente de confianza».
«Ante diversas informaciones difundidas en medios de comunicación, en los cuales se ha dado cuenta de información contenida en una carpeta investigativa vigente y amparada bajo la reserva establecida en el artículo 182 del Código Procesal Penal – la reserva o secreto de estos antecedentes, salvo para aquellas personas que tengan la calidad de intervinientes- la Fiscalía Regional de Coquimbo ha dispuesto el inicio de una investigación de oficio para determinar una eventual vulneración de dicha norma», aseguraron este sábado desde la Fiscalía.
«Imaginemos que un juez tiene que sancionar y antes de conocer los antecedentes hay una filtración de la información, la prensa hace su trabajo y provoca un antejuicio popular respecto a lo que debería o no ocurrir en esa audiencia, esas situaciones no deberían ocurrir», señaló.
Carlo Silva, abogado, eleva su preocupación, aclarando que más allá de que esta conducta de revelación se produzca de forma repetitiva en la región, «guarda relación con la sensación que queda para la opinión pública y a los operadores del sistema».
La Fiscalía, a nivel nacional, al ser la encargada de velar con mayor recelo por el cumplimiento de las normas, especialmente por el secreto de aquellos antecedentes que mantienen, le resulta alarmante que «sea este mismo organismo que provoque este tipo de filtraciones».
Este tipo de situaciones produce una gran desconfianza, desde el punto de vista de la fiabilidad del Ministerio Público. «Este tema es complejo porque la propia norma en el artículo 246, que contempla este delito, establece una circunstancia calificante y establece que, en aquellos casos donde esta revelación del secreto, esta entrega de documentos, lo que provoca es un grave daño a la investigación».
En esa línea, detalla que las penas podrían, incluso, subirse a penas de reclusión y multas entre 21 y 30 UTM. «Más allá del acto de la filtración y el rompimiento del secreto, lo que ocurre es que al entregar esta información se ve afectada la investigación penal».