Este martes el Ministerio Público de Coquimbo formalizó la investigación a un médico y dos técnicos paramédicos por los delitos de negligencia médica y lesiones graves gravísimas sufridas por el menor, B.G, quien sufrió daños severos el 18 de febrero del 2010, que complicaron su salud en el Hospital San Pablo de Coquimbo.
El médico Carlos Nieme y las técnicos paramédicos Marjorie Rojas Roco y Ruth Cortés Moreno concurrieron a la audiencia para conocer de la formalización que les realizó la fiscal Gabriela del Campo, quien expuso los hechos que gatillaron las complicaciones de salud del infante el 18 de febrero del 2010.
Por su parte, una enfermera que también deberá ser formalizada por los hechos imputados, justificó su inasistencia y tendrá audiencia el próximo 29 de agosto.
La imputación del ente persecutor indica que B.G. permanecía en la Unidad de Aislamiento de Pediatría del Hospital de Coquimbo, a cargo del cuidado de todos los profesionales mencionados.
El diagnóstico indicaba que el menor paciente padecía de diversas patologías previas y tenía instalado un sistema de respiración instalado tras una traqueotomía.
Por este motivo requería un cuidado especial ya que era previsible la decanulación accidental en cualquier minuto, lo que le podía provocar falta de oxígeno y un paro cardiorrespiratorio, complicaciones que ya había sufrido mientras estaba en la UCI Pediátrica.
Según investiga la fiscalía, el menor habría quedado solo por espacio de 15 minutos, tiempo en el que no fue supervisado por ninguna de las personas a su cargo que estaban de turno, lo que trajo como consecuencia que al decanularse en forma accidental sufrió hipoxia y paro cardiorrespiratorio que trajo como consecuencia una encefalopatía hipóxico isquémica severa, post paro cardiorrespiratorio, entre otras.
«En términos simples son condiciones que provocan daño físico y secuencias permanentes e irreversibles», puntualizó la fiscal Del Campo.
Es así que el médico quedó formalizado por negligencia o imprudencia temeraria, al omitir la disposición de nuevos o mejores métodos de inmovilización adecuados, así como supervisar la labor de la enfermera y las técnicos paramédicos, entre otras, mientras que las dos paramédicos fueron imputadas por cuasidelito de lesiones graves gravísimas.
El Juzgado de Garantía dio a lugar las medidas cautelares solicitadas por el ente persecutor, como arraigo nacional para los formalizados en la causa y fijó un plazo de 10 meses para terminar con la investigación.