Luego de casi 3 meses desde su suspensión, la Fiscalía retomó la etapa de rendición de pruebas documentales en el juicio oral de loteos irregulares y estafas, donde están acusadas tres personas.
En febrero pasado comenzó la audiencia de este juicio, cuya acusación da cuenta de una serie de hechos que tendrían una data entre marzo del 2013 a diciembre de 2016, en los sectores de Pelícana y El Romero de La Serena; Nueva Vida, Santa Filomena, 2 de Julio y Venus, todos del sector Pan de Azúcar, en Coquimbo.
Sin embargo, debido a la contingencia por la pandemia del Covid-19, debió suspenderse de manera presencial.
Recientemente, el Tribunal Oral de La Serena, no obstante, acogió la solicitud de reiniciar la audiencia y la Fiscalía reanudó la rendición de la prueba documental mediante sistema de videoconferencia.
La fiscalía está representada por los fiscales Rodrigo Céspedes y Yocelyn Weisser.
El fiscal Céspedes explicó que “se le ha permitido a los acusadores reiniciar el juicio oral para tender a la agilización del proceso y se dicte una sentencia lo más pronto posible”.
Agregó que “respecto del tipo de prueba (que se está rindiendo por videoconferencia), son escrituras públicas que dan cuenta de los distintos actos jurídicos con las que las víctimas fueron engañadas y que dieron lugar a la formación de estas poblaciones o loteos irregulares en distintas zonas no urbanas de La Serena y Coquimbo”, dijo Céspedes.
Sobre el reinicio mediante sistema de videoconferenicia, Céspedes agregó que “esto está vinculado con lo que resolvió el tribunal, no solo por el resguardo a las garantías procesales de los imputados, sino de las víctimas, las cuales también tienen derecho a acceder a la justicia en términos razonables y oportunos”, aclaró.
Al menos por espacio de un mes se estarán rindiendo los documentos respectivos ante las juezas del tribunal oral.
Inicio del juicio
En el mes de febrero pasado comenzó la audiencia de juicio oral, y de acuerdo a la acusación de la Fiscalía, la cantidad de víctimas bordea las 200 personas. Según la acusación habrían pagado un total aproximado de $ 2.500 millones de pesos.
Ese monto sería cancelado a los acusados por terrenos en 6 parcelas distintas.
La fiscal Yocelyn Weisser dijo en su oportunidad que “en un principio los hechos dan inicio en La Serena, para después trasladarse con el mismo modus operandi, esto es el engaño a distintas víctimas mediante la apariencia de vender lotes o sitios específicos, cuando finalmente en algunos casos se transfirieron derechos y en otros ni siquiera eso. Hay víctimas que no tienen absolutamente nada”, explicó.
Agregó que la empresa representada por los imputados “aparentaba seriedad, constituida legalmente, que tenía una oficina que atendía público en La Serena y oficinas en todos los sitios en que pretendía vender estos terrenos fraudulentamente. Esto generó además publicidad en distintos medios de comunicación, tarjetas de presentación, panfletos, que dio la confianza a las personas que se trataba de una empresa seria y que ellos compraban lo que decían lo que los imputados estaban vendiendo. Esto no fue así, ya que en el mejor de los casos adquirieron derechos en un terreno de una mayor cabida en sitios rurales en que no se pueden vender derechos en una cantidad inferior a los 5 mil metros cuadrados y que no contaban con las obras de urbanización que la ley requiere”, dijo Weisser.
