Un proceso de movilización, que contempla un paro de advertencia a realizarse durante toda la jornada del miércoles 10 de junio, anunció la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (Andime). Lo anterior llevará a suspender las actividades y atención de público en la Secretaría Regional Ministerial de Educación, las direcciones provinciales y todas sus demás dependencias.
Esta acción se efectúa como protesta por el incumplimiento de los compromisos de la administración de la Presidenta Michelle Bachelet, en cuanto a mejorar la situación laboral de los trabajadores del ministerio, muchos de los cuales se encuentran fuera de la planta funcionaria y laboran mediante contratos anuales, o mucho peor, bajo honorarios permanentes. Pero también por lo que consideran un engaño de parte del gobierno, con respecto a la anunciada desmunicipalización de los establecimientos educacionales fiscales, los cuales pasarían a manos de 67 “servicios locales de educación”, repartidos por todo el país. Esta última medida, parte de la reforma educacional –un emblema de la Nueva Mayoría– es desarrollada en el proyecto de ley de Nueva Institucionalidad de la Educación Pública (NEP), que se encuentra a punto de ser enviada a discusión en el Congreso Nacional.
Luz Cabrera, presidenta de Andime Elqui, afirmó que “esta nueva ley no es una desmunicipalización, eso es una propaganda. Y cuando dicen que las escuelas vuelven al Estado, no es así, van a seguir con una línea muy delgada directa con el ministro, no con el ministerio completo. Por otro lado, esto implica el no cumplimiento de normas que establecen que cada vez que hay una reestructura del ministerio se debe conciliar a los funcionarios”.
Pese a haberse preparado una iniciativa legal relativa a las condiciones laborales de los funcionarios, el Ministerio de Educación decidió vincular el encasillamiento al debate parlamentario sobre la NEP, lo cual postergaría las reivindicaciones de Andime por tiempo impreciso.
Los funcionarios acusaron, además, que la propuesta de la NEP generará burocracia extra y un enorme gasto fiscal para mantenerla. Además, en su administración tendrán preponderancia los municipios, por lo que temen que se conviertan en auténticas bolsas de trabajo para los alcaldes.
“Queremos una educación pública en el Ministerio de Educación y no en servicios locales, que las escuelas pasen al ministerio y se administren desde él. Eso es mucho más barato para el Estado que crear otra institución, y sin operadores políticos que van a ser manejados por los alcaldes”, sostuvo Cabrera, precisando que el gremio ha desarrollado una propuesta al respecto, que contempla la administración de colegios desde el propio Mineduc, pero en forma descentralizada, a través de los departamentos provinciales y las secretarías regionales ministeriales. “Eso pasa por modificar algunas leyes, no tiene costo para el Estado. (…) No tiene sentido hacer otra institución y otro gasto para el país”, dijo.
Constantino Guerrero, socio de Andime, fue incluso más allá en las aprensiones con respecto a la intervención de los municipios en el nuevo sistema educacional: “Todos sabemos que los alcaldes son parte principal de la crisis de la educación, justamente por cómo administran los recursos. El gobierno, en vez de castigar a los alcaldes infractores, los premia con más fondos. Son millones de pesos que se han perdido por su mala administración y el Estado les sigue entregando, es una cuestión irrisoria. Como pasó en la Municipalidad de Illapel, que compró zapatos con la subvención escolar”.
