Pese a constituir una de las promesas de campaña más importantes de la administración de la Presidenta Michelle Bachelet, la reforma educacional ha estado lejos de conseguir el apoyo popular y el consenso esperados. Los diferentes componentes de la reforma, expresados en diversos proyectos de ley, han despertado casi todos ácidas polémicas y el desacuerdo de actores sociales e institucionales directamente involucrados.
Ahora es el proyecto de desmunicipalización de los establecimientos educacionales públicos el que protagoniza un duro debate. La pretensión del gobierno de quitarle a las municipalidades y traspasarla a una nueva institucionalidad, los Servicios Locales de Educación Pública, que ya ha sido rechazada por algunos alcaldes, es también fuertemente criticada por la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación (Andime).
El gremio sostiene que los más de 60 nuevos Servicios Locales (que abarcarán desde una a varias comunas, dependiendo de su extensión y complejidad) implican una nueva instancia burocrática, que aumenta el costo de administración de los colegios fiscales, sin que necesariamente se garantice la calidad de sus prestaciones.
“Que las escuelas vuelvan al Ministerio de Educación y no a otra institución nueva, que no se invente algo más”, proclama Cabrera. “Todas estas instituciones nuevas significan más gastos de dinero que si los colegios volvieran al ministerio”, acota Mansilla.Luz Ximena Cabrera, presidente de Andime Elqui, y Eugenia Mansilla, tesorera, cuentan que durante la semana pasada se realizó una asamblea nacional de dirigentes, que incluyó encuentros con la ministra de Educación, Adriana Delpiano, y la subsecretaria, Valentina Quiroga. El resultado fue la decisión de la Andime de iniciar un movimiento de protesta contra el proyecto de ley, pues en su opinión el mejor camino sería que los establecimientos educacionales públicos vuelvan a la tutela directa del Ministerio de Educación (Mineduc), a través de subdepartamentos locales de administración de educación estatal, con dependencia directa de los departamentos provinciales de educación.
La presidenta de Andime Elqui plantea que “desconcentrar a través de los departamentos provinciales es una oportunidad para tomar lo territorial y a la vez, mantener las políticas de un Chile integral, de acuerdo con la Constitución. Sacarlo a una institución externa diluye más el rol del ministerio. De acuerdo con la ley, quien debiera estar por sobre todas las instituciones y dar los lineamientos es el ministerio, pero en este momento tenemos una función paralela de la Superintendencia (de Educación), de la Agencia (de Aseguramiento de la Calidad) y los departamentos provinciales, y ahora vamos a agregarles los Servicios Locales. Lo único que se ha logrado es agobiar a las escuelas”.
Por su parte, Mansilla manifiesta que “en la medida que el ministerio vuelva a tener su rol rector (de la educación en Chile) es más factible que puedan ser mejor atendidas las escuelas. Nadie dice que con los Servicios Locales va a ser más eficiente”. Esto último se agravaría, a su juicio, porque los alcaldes serán parte de los directorios de los nuevos servicios, cuestión que repercutiría en una pérdida de autonomía con respecto a los intereses de los municipios.
Consultada con respecto a por qué la reforma educacional ha generado tan intensas polémicas, en vez de consensos, Cabrera opina que “no se ha considerado a los actores principales: la opinión de los estudiantes, los profesores, los funcionarios del ministerio y así. Hay una cúpula que está ideando toda una gran reforma, pero no está en el terreno».
