Una nueva manifestación se vivió afuera de la dirección regional de Coquimbo,
que se mantiene en copamiento a la espera de una solución concreta a sus demandas.
Cincuenta días movilizados y casi un mes con la Dirección Regional en copamiento. Así se mantienen las y los funcionarios del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil de Coquimbo.
Este miércoles nuevamente los trabajadores se reunieron afuera de las oficinas regionales para manifestarse. El malestar que existe, según explican, tiene relación con el incumplimiento de algunas promesas que se realizaron cuando se dio por finalizado el Sename en la zona norte, reemplazándolo por este servicio dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
En concreto, el Frente de Trabajadores que reúne a las asociaciones Anfur, Antrase y Afuse, explica que no han obtenido respuestas concretas a sus demandas. Pese a que se han visto pequeños avances a nivel regional, los conflictos más importantes no han podido destrabarse, como el incumplimiento de diversos acuerdos firmados por parte del Ministerio de Justicia durante el 2023, para garantizar el traspaso de los funcionarios y la puesta en marcha del nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil en la zona norte.
«Esta movilización tiene varias aristas. La primera es por mejoras en las condiciones de los centros donde tenemos jóvenes. También la oferta programática de talleres y capacitaciones, para que los jóvenes estén ocupados de manera significativa y con un objetivo al interior del centro privativo de libertad y del centro con pernoctación parcial. Por otra parte, estamos demandando los acuerdos que el Gobierno firmó en la resolución 21, después de una larga negociación llevada a cabo en 2023 y que son temas sensibles y complejos, como las remuneraciones de algunos funcionarios, acuerdos que se están desconociendo y echando para atrás», explica el presidente de Antrase, Alejandro Villarroel.
Mejores condiciones
En este último punto, los incumplimientos que denuncian los trabajadores dicen relación con desconocer la determinación de los grados mínimos de homologación de funcionarios traspasados y que por años han desempeñado funciones con remuneraciones por debajo de los estándares del estatuto administrativo que rige al sector público. Existe el compromiso firmado y protocolarizado de parte del propio Ministerio de Justicia de regularizar la situación con la entrada en funcionamiento de la nueva institucionalidad, lo que hasta el momento no se ha llevado a cabo del todo.
Además existen otras problemáticas en materia de infraestructura respecto a los centros de administración directa, falta de oferta de capacitación y estudios superiores para los adolescentes, problemas por falta de gestión en la compra de insumos y de personal, que no permiten que los funcionarios a cargo de jóvenes en conflicto con la justicia cuenten con las herramientas necesarias para llevar a cabo el proceso de reinserción, como mandata la ley.
