Cristian Cruz, abogado que representa a 14 familiares de las víctimas, dice tener «pocas dudas de que hay gente que lo protege» y espera que de parte del Estado exista «un esfuerzo mucho más profundo en la captura de estos individuos…».
En calidad de cómplice, el comandante en retiro del Ejército, Jaime Ojeda Torrent, fue sentenciado a 10 años y un día por quince homicidios de la Caravana de La Muerte en La Serena.
Si bien la sentencia se dictó el 28 de diciembre pasado, hasta el día de hoy no se cumple, porque sigue prófugo de la justicia. Como él, otros 16 agentes del Estado.
Existe la denuncia y las policías están realizando su trabajo, «pero no avisan de los avances a los abogados, sino que los a tribunales. Y desconozco si han hecho o no las gestiones», cuenta Cristian Cruz, abogado que representa a 14 familiares de víctimas en el caso episodio La Serena y también a personas víctimas de tortura durante la dictadura al interior del Regimiento Coquimbo.
Sin embargo, a casi tres meses de conocerse la noticia, el abogado reconoce que «es grave que cualquier persona rehúya a la acción de la justicia, pero esta gravedad se torna aún más difícil de aceptar y atender cuando se trata de ex funcionarios y agentes del Estado. No nos podemos fiar y, más allá de las sensaciones, siento que existe una obligación del Estado, que es investigar, sancionar, y una vez determinada la sanción, hacer efectiva la misma».
Una gestión que corresponde en términos más concretos a las policías, «pero hoy ya sabemos los cuestionamientos que existen y que obviamente generan razonables dudas, y mediante llamadas telefónicas de determinadas abogadas y abogados se puede conseguir avisos previos u otros que inhiban la debida captura de este y otros prófugos».
A la fecha son 17 los agentes que se encuentran prófugos de la justicia por la comisión de graves violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura militar.
En ese sentido, explica Cruz que por esa situación «queremos que se haga un esfuerzo mucho más profundo en la captura de estos individuos, ya que acá no puede existir una diferencia y decir que vamos a perseguir con más ahínco a un delincuente común que a un ex agente del Estado».
En esa línea, dice tener «pocas dudas» de que hay gente que los protege, «que pueden ser particulares, y espero que no haya instituciones del Estado. Pero claro que tengo serias dudas respecto de algún organismo castrense, porque hay distintas maneras de apoyarlos y diversas circunstancias, pero no me llama a confiar debidamente en todas las autoridades de estos estamentos que han estado involucrados en tan luctuosos crímenes».
Los Mismos patrones
Las investigaciones para los procesos criminales comenzaron hace más de 20 años, y durante este tiempo los familiares, querellantes particulares y abogados y abogadas, se han hecho parte para solicitar procesamientos, condenas y su cumplimiento en las distintas instancias.
No obstante, que estas personas se encuentren prófugas, en el caso particular de Ojeda Torrent, tiene a los familiares «afectados y consternados porque uno está prófugo, al otro le dieron una pena que no se condice con la gravedad del delito y otros se quieren hacer pasar por locos o dementes. Nos hemos encontrado con funcionarios que cada vez que tienen que desarrollar una pericia a algunos de estos ex agentes, cosa rara, a todos los encuentran dementes, es decir inimputables, y eso obviamente que llama la atención».
Agrega que tienen el legítimo derecho a desconfiar, «porque no son tramas nuevas, en cuanto a que a Ariosto Lapostol, por ejemplo, fue declarado loco-demente y después se comprobó que no era efectivo, así que se van repitiendo patrones. Nosotros representamos a los familiares, y si ellos desconfían, nuestro deber es pasar esa desconfianza, pero también entendemos que esa desconfianza no es gratuita, sino que viene de patrones anteriores».
