La primera autoridad regional entregó nuevos antecedentes y presentó una querella ante el Juzgado de Garantía de La Serena por fraudes al Fisco y a otros organismos del Estado, en el marco del bullado caso que involucra más de $ 9 mil 800 millones. Una de las personas querelladas es la ex intendenta Lucía Pinto.
En el frontis del Tribunal Oral en Lo Penal de La Serena, la gobernadora Krist Naranjo entregó nuevos antecedentes respecto del caso «Papaya Gate» y otras acciones a llevar adelante para así intentar esclarecer este caso, que explotó mediáticamente hace poco más de tres años y que involucra recursos del Fisco por cerca de 9 mil 800 millones de pesos. Estos dicen relación con la compra de terrenos en el sector del Cerro Grande, en la capital regional, por un valor muy superior a la tasación que correspondía.
Lo cierto es que, más allá de la explosión mediática que este presunto caso de corrupción ha generado, aún no hay personas formalizadas y prácticamente no ha avanzado en la Fiscalía de Valparaíso, a cargo de la investigación.
En ese contexto, la gobernadora presentó, con el patrocinio del abogado del Gore, Ignacio Montecino, una querella por este caso ante el Juzgado de Garantía de La Serena.
«Hemos interpuesto esta querella contra distintos implicados por el caso Papaya Gate. Desde que yo ingresé al Gobierno Regional le hemos puesto muchísima atención, porque creemos que la malversación de fondos públicos ha sido considerable. Son recursos que además aún no han sido reintegrados al Gobierno Regional. Han pasado los años y no tenemos novedades sobre el cierre de este procedimiento. Hemos realizado un análisis de cómo se ha llevado adelante este proceso por parte del Consejo de Defensa del Estado y les hemos pedido antecedentes, los que aún no nos llegan», aseguró Naranjo.
La gobernadora acotó que los terrenos en cuestión «están siendo solicitados por el Minvu, y la tasación es mucho menor a la que este fraude detectó en su momento. Lo importante es que no queremos que caduque el caso y por eso la querella incluye a la ex intendenta Lucía Pinto, al ex administrador regional José Cáceres, el ex jefe jurídico Eduardo Espinoza y el gerente de las inmobiliarias involucradas en la compraventa, Pablo Bracchitta».
ACCIONES
El abogado Ignacio Montecino, quien ingresó esta querella en representación del Gobierno Regional, señaló que «nos hemos basado en la investigación administrativa de la Contraloría General de la República de hace aproximadamente un año, donde se evidencia esta situación tras la destitución de los involucrados. Ahí hay insumos importantes».
El jurista agregó que «es el Consejo de Defensa del Estado el que tiene que representar los intereses patrimoniales del Fisco y los estatales. Pero lo importante, con las acciones que estamos llevando adelante, es que buscamos acelerar instancias de investigación y tener conocimiento directo de la carpeta investigativa. Hace un mes tuve una reunión telemática con la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, señalando que todas nuestras acciones debíamos canalizarlas a través del Consejo de Defensa del Estado, aunque de todas maneras queremos actuar de manera independiente».
El abogado recalcó que «durante este año han aparecido nuevos antecedentes, los que incluso han sido denunciados en la presente querella. Incluso dos terrenos involucrados en la compraventa siguen siendo tasados a un menor valor por el cual fueron adjudicados, prácticamente a la mitad del valor en que finalmente se realizaron las transacciones. Esto, cuatro años después, pero queremos acreditar que como Gobierno Regional pagamos de más, e incluso, si se expropian esos terrenos por parte del Minvu, podríamos recibir una cantidad mucho menor, por lo que estamos en una encrucijada y hay un perjuicio».
