Debido a una falla en el sistema, audiencia de este jueves no se llevó a cabo y Tribunal Electoral Regional deberá reprogramar el encuentro, en el que cuatro concejales de La Serena buscan la destitución del edil, acusándolo de notable abandono de deberes.
Cuando todo estaba Ok en el Tribunal Electoral Regional (TER) y así comenzar las diligencias de pruebas tras el requerimiento presentado por cuatro concejales de la comuna de La Serena en contra del alcalde Roberto Jacob, a quien acusan de notable abandono de deberes, un hackeo en el sistema informático, a nivel nacional, llevó a la suspensión de la audiencia y la espera de una próxima reprogramación.
Los concejales, quienes en abril del año pasado presentaron un requerimiento al TER en donde buscan la destitución del alcalde, y el abogado Ricardo Sacaan, quien los representa, esperaban ansiosos.
«Hoy (ayer) prestaban declaración dos testigos, que son los que ofrecimos nosotros, funcionarios de la Contraloría, quienes laboraron los informes, el preinforme y el final 477, que es el que determinó el déficit financiero que tiene la Corporación Municipal en las áreas de salud y educación», señala el profesional, el mismo que lideró las denuncias en contra de la ex alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, y que finalmente terminó en su inhabilitación para ejercer cargos públicos en los siguientes cinco años, luego que fuera sancionada por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) cuando era concejala en 2021.
Tenían estimado que cada uno de los testigos, fiscalizadores de la Contraloría Regional de Coquimbo, prestarían declaración durante unas dos horas. Ahora el tribunal deberá dictar resoluciones fijando las nuevas audiencias para los testigos, pues hasta ahora solo tiene fecha de declaración el alcalde, que es el 9 de noviembre.
¿Qué se busca?
La acusación describe en detalle las irregularidades que, según los concejales de Bancada Dignidad, han perjudicado el patrimonio de la ciudad.
A juicio del abogado, están solicitando que se declare «el notable abandono del alcalde y que se le destituya por tres razones distintas. La primera es el no pago de las cotizaciones previsionales y de salud de los funcionarios de la Corporación Gabriel González Videla, que hasta la fecha en que nosotros presentamos el requerimiento, era de 13 mil millones de pesos. La segunda imputación que le hacemos, es que él en las cuentas públicas que anualmente debe presentar en abril de cada año, omite el estado financiero de la Corporación Municipal en las áreas de salud y educación. Y, en tercer lugar, no rinde cuentas de manera trimestral al concejo sobre el estado de las cotizaciones de los funcionarios de educación y salud de la corporación».
DÉFICIT
Según la información entregada por el profesional, este déficit viene a lo menos del 2016, por eso que en este caso «no es una presunción, puesto que eso es más propio del sistema penal, ya que en este caso existen antecedentes que acreditan la afectividad de las imputaciones que estamos formulando, toda vez que estos tres hechos que acabo de señalar, constan en el informe final que realizó la Contraloría regional, y una de las órdenes que entrega, es que los antecedentes deben ser remitidos al Ministerio Público porque se ha constatado la comisión de un delito, que es la apropiación indebida de cotizaciones provisionales a los funcionarios. Además que se pagaban deudas previsionales con cheques protestados por falta de fondos».
Para el concejal Camilo Araya, candidato a alcalde por Comunes, y uno de los que presentó el requerimiento, lo importante, pese a la suspensión, «es que sirvió mucho para que se pudieran ordenar las fechas y eso es vital, porque se conversó también con la gente del tribunal, entonces ya sabemos que rinde en noviembre».
