Según informó la abogada Natalia Carmona, querellante en el caso donde un conductor en estado de ebriedad colisionó contra otro vehículo y dos personas resultaron fallecidas, acudirá al Tribunal Constitucional para intentar anular el juicio por tercera vez, esto porque el responsable fue condenado a una pena de libertad vigilada y no a presidio efectivo.
«Sentimos que vivimos en un país donde no hay justicia». Con estas palabras, la hermana de Jenifer Salinas, Joselyn, califica lo que ocurrió en tribunales el pasado 2 de abril, cuando la magistrada Jimena Pérez Pinto dio a conocer el dictamen que finalmente resultó favorable para James Allan Hunter Flores, quien en diciembre de 2021 protagonizó un accidente fatal en la Ruta CH41, cuando iba conduciendo su Audi a más de 140 km/h en estado de ebriedad.
Fue cuando llegó al sector de Ceres, cerca de la medianoche, que impactó por la parte trasera a un automóvil modelo Nissan V16, en el que se trasladaban las víctimas, Felipe Muñoz (34) y Jenifer Salinas (35), quienes fallecieron de manera instantánea en el lugar.
Sorpresa
Se pensaba que el imputado cumpliría una pena efectiva, sin embargo, en una estrategia jurídica de la defensa de Hunter, encabezada por el ex fiscal regional Enrique Labarca y por la penalista Rocío Araya, en la que presentaron una serie de elementos que propiciarían una menor condena, lograron que finalmente el responsable de las dos muertes pueda pagar su deuda con la sociedad en libertad vigilada intensiva, sujeto al cumplimiento de un programa de actividades orientado a su reinserción social en el ámbito personal, comunitario y laboral, a través de una intervención individualizada y bajo la aplicación de ciertas condiciones especiales.
Segundo juicio
El juicio por este caso ya se había llevado a cabo durante el año pasado, y el acusado fue condenado a seis años de presidio, pero su defensa presentó un recurso de nulidad, el que fue acogido por la Corte de Apelaciones de La Serena, debiéndose llevar a cabo este segundo proceso, que termina con la pena libertad vigilada de James Allan Hunter Flores.
Agotando instancias
Desde que terminó este segundo proceso, en la familia buscaron anularlo nuevamente, pero legalmente no es posible, por lo que han tenido que buscar otros caminos legales, tarea que le fue encomendada a la abogada particular de la familia de Jenifer, Natalia Carmona Hidalgo, quien el día de la audiencia de lectura del veredicto no pudo conectarse debido a que se adelantó el horario y, según dice, nadie le avisó del cambio.
Pero al conocer la pena, también se sorprendió, principalmente, sostuvo, por la diferencia de criterio que existía entre la resolución del primer juicio, donde Hunter fue condenado a seis años, con el segundo, «era demasiada».
Impotencia
Por lo mismo, la rabia de Joselyn persiste. «Desde el principio se hizo todo mal. Empezamos con tres juezas, después terminamos con dos, entonces nadie entendía nada. Todo fue irregular para nosotros», expresó, y afirma que le quedó la sensación de que se burlaron de ellos y que «el dinero puede más que todo. Él (el condenado) tiene mucha influencia y poder económico. Si este tipo hubiese sido de clase media, normal, sin duda estaría preso».
Debido a esto, ya iniciaron acciones para que el asunto no termine aquí, de lo contrario, afirman, irán a la Corte Suprema, protestarán y efectuarán «todo lo necesario para que esta persona pague».
La estrategia
Consultada sobre la estrategia, la abogada Natalia Carmona anunció que ya iniciaron los trámites legales para lograr revocar la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva, y que ésta sea cumplida bajo presidio efectivo y no en libertad, como se encuentra actualmente el condenado, ya que inclusive le fue alzada la medida cautelar de arresto domiciliario total. Para ello están agotando todas las instancias posibles al no haber posibilidad de interponer un recurso de nulidad por segunda vez. «Se presentó un incidente de nulidad procesal, porque el tribunal de juicio oral en lo penal al día siguiente de la lectura de sentencia otorgó la revocación de la medida cautelar de arresto domiciliario total sin encontrarse aún la sentencia firme y ejecutoriada, y asimismo se ha reclamado el incumplimiento de la medida cautelar», puntualizó la profesional.
Al Tribunal Constitucional
Pero, si bien legalmente no procede interponer un nuevo recurso de nulidad, esta opción no está descartada del todo y han recurrido al Tribunal Constitucional. «Ya se ha solicitado la certificación correspondiente al juzgado de garantía para iniciar ese trámite en el TC, el cual tiene por finalidad que nos concedan la oportunidad de deducir nuevamente un recurso de nulidad y modifiquen la sentencia o hagan un nuevo juicio», enfatizó Carmona, agregando que «se pretende que se revoque la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva, para que cumpla pena en la cárcel, sin perjuicio de la acción ante el Tribunal Constitucional, que se hará paralelamente».
