Pese a que en un principio no encontraban sentido al hecho de que los llevaran a la cárcel de Huachalalume, en La Serena, considerándolo arbitrario y solicitando a su abogado que pidiera una cautela de garantías, ayer decidieron declinar a minutos de la audiencia, señalando que se encontraban bien dónde estaban.
Ya estamos cerca de que se cumplan dos meses desde la bullada «Operación Diamante Verde». Un procedimiento llevado a cabo por la PDI, el que luego de una investigación de casi dos años, logró desarticular a un supuesto clan familiar que operaba en la Provincia de Limarí, vendiendo semillas de cannabis traídas desde el extranjero y potentes fertilizantes para la pronta cosecha. Este material, según la acusación de la Fiscalía, era vendido a conocidos traficantes de la zona, quienes eran los encargados de comercializar la droga.
Un hecho que
causó debate
Desde el Ministerio Público dieron a conocer los resultados de este operativo, que incluyó el allanamiento de 28 domicilios y en el que participaron más de 100 detectives, incautando 1.600 kilos de cannabis lista para la venta en el sector rural Mantos de Hornillos, donde la organización mantenía terrenos para cultivar, procesar y ocultar la droga. Posteriormente, tras continuar la investigación, se allanaron 28 propiedades, incautando armas, municiones, 19 vehículos, tres motocicletas, más de 283 millones de pesos y 4.500 dólares en efectivo, además de 111 kilos de droga procesada.
En total, fueron 23 los detenidos, imputados por los delitos de tráfico de drogas, asociación ilícita y lavado de activos. Sin embargo, en la audiencia de primera instancia, en el juzgado de Garantía de Ovalle, para el magistrado Luis Muñoz Caamaño, los antecedentes aportados por el Ministerio Público no fueron suficientes para acreditar todos los delitos, por lo que, si bien ordenó la prisión preventiva de los acusados, lo hizo por peligro de fuga y no porque constituyeran un peligro para la seguridad de la sociedad, lo que permitió a los imputados salir libres al pagar una caución (fianza) de dos millones de pesos.
Críticas
De inmediato llovieron las críticas para el magistrado Muñoz. Incluso la ministra del Interior, Carolina Tohá, dio su opinión sobre el caso, cuestionando la decisión del juez. Claramente, y avalados también por el apoyo mediático, la Fiscalía apeló ante la Corte de Apelaciones de La Serena, donde revocaron el dictamen de Ovalle y ordenaron la prisión preventiva efectiva para los imputados.
Entregas y
más entregas
Pese a lo que se podría haber pensado respecto a los integrantes de esta banda, supuestamente liderada por gente con mucho dinero que podría haber escapado del país, en su mayoría han tomado la determinación de entregarse y ponerse a disposición de la justicia. De hecho, 14 ya se encuentran en prisión a la espera de la investigación y sólo ocho siguen prófugos de la justicia.
Supuestas
arbitrariedades
Desde el primer control de detención en el juzgado de Garantía de Ovalle, cuando se entregó el primer grupo de imputados, ocurrió algo extraño que molestó tanto a la defensa como a los mismos integrantes del supuesto clan. Resulta que, en vez de dejarlos en el recinto penitenciario de Limarí, donde por ley y por tratados internacionales correspondía, para que pudiesen estar cerca de sus familiares durante este proceso, de hecho, así lo dictaminaron tanto la Corte de Apelaciones de La Serena como el Tribunal de Garantía, éstos fueron trasladados a la cárcel de Huachalalume, en la capital regional, con el argumento de que en el CDP de Ovalle estaba hacinado. Sin embargo, ese mismo día otros imputados -de otros casos- sí fueron dejados en Limarí.
Fallida
audiencia
El abogado Carlo Silva, representante de la mayoría de estos supuestos integrantes del clan familiar, advirtió esta situación, remarcando que había sido expresa determinación de Gendarmería y que podríamos estar en el caso de una decisión arbitraria dada la publicidad y la connotación mediática del caso, por lo mismo, anunció que tomaría acciones, ya que así se lo habrían pedido sus defendidos, para que fueran devueltos a Ovalle, pues se estaban vulnerando sus derechos. Por esto, Silva anunció que presentaría una cautela de garantías.
NO QUISIERON IRSE
Y ayer fue el día en que se discutiría si correspondía o no el traslado a La Serena respecto a siete de los imputados. Sin embargo, a último minuto todo se cayó, ya que los acusados decidieron permanecer bajo su propia voluntad en la cárcel de Huachalalume, debido a que ya se habrían acostumbrado, según indicó el abogado Silva.
«La audiencia de cautela de Garantías tenía por finalidad que se respetara lo que dice el derecho internacional y el tratado de Mandela, de que los imputados deben cumplir su régimen en lugares cercanos al domicilio, que es lo que inicialmente querían mis clientes, pero en Huachalalume han encontrado un sistema de protección, se han encontrado tranquilos, sin perturbaciones, sin vulneraciones de sus derechos. Entonces mis clientes decidieron que no incidentáramos para ser cambiados a Ovalle, y eso fue lo que hicimos, ya que hasta ahora se sienten seguros ahí», concluyó el abogado defensor.