Tarcila Piña, jefa regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, reconoce que de las 155 querellas presentadas a la fecha, el Ministerio Público ha adoptado la decisión de no perseverar en más de la mitad, lo que «representa una obstaculización a la investigación».
En octubre se cumplirán cinco años desde el inicio del estallido social de 2019 y de violencia institucional, que para el INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos) «son las más graves, masivas y generalizadas violaciones a los Derechos Humanos desde el retorno de la democracia», expresa Tarcila Piña, jefa regional del organismo.
Desde el 18 de octubre a la fecha, en Coquimbo se presentaron 155 querellas por hechos de violencia, de las cuales 72 fueron presentadas en 2019; 80 en 2020 y tres de ellas en 2021.
Sin embargo, estima que existen 84 causas en las que el Ministerio Público «ha adoptado la decisión de no perseverar en el procedimiento, que son más de la mitad de las querellas presentadas, lo que para nosotros representa una obstaculización a la investigación e incrementa la adherencia de las víctimas. Sin duda, están dejando muchos casos en la impunidad».
Impartir justicia
En cuanto a qué factores considera para que se produzca la falta de adherencia en las víctimas, entrega como ejemplo la demora en la realización de pericias claves para la investigación, como el Protocolo de Estambul de parte del Servicio Médico Legal, «una pericia esencial para poder pesquisar la tortura».
También existen factores como el transcurso del tiempo o la dificultad de tener medios de pruebas contundentes para mantener la adherencia de las víctimas, «pero, además, tener contundentes diligencias y pruebas para sustentar estos delitos de violencia institucional».
Para el INDH existe «una deuda» con las víctimas que el Estado aún tiene por saldar, «como establecer una política de reparación integral. Por otra parte, se había comprometido en colaborar con el Poder Judicial y reforzar la brigada de Derechos Humanos en la PDI, lo que no ha ocurrido y, en consecuencia, existe un número importante de pericias, sobre todo audiovisuales, que todavía no se han realizado en todos estos años».
Respecto de la obligación de impartir justicia, «que sea sin dilaciones y de manera justa, porque cuando la justicia tarda, no es justicia, y qué nos preocupa, que en octubre comienzan a prescribir algunos de los casos, lo que significa que vencen los plazos para que se sigan investigando causas en que existe un mínimo de avance. Entonces vamos viendo que queda un número importante de denuncias impunes».
Debilidades
Aunque gran parte de las querellas están calificadas por el delito de tortura, una de las dificultades que han visto, asegura, es que el Ministerio Público, en el proceso de investigación, «no tiene pruebas suficientes para establecer la finalidad con la cual se realizaron las torturas. Por otro lado, han manifestado la dificultad de acreditar el dolo con el cual actúa el sujeto activo. Por tanto, con estas dos debilidades que ha presentado la investigación, se va desvirtuando la tortura, muchas veces un delito de apremio ilegítimo o de violencia innecesaria».
De las querellas que han terminado en sentencias definitivas, como INDH han levantado algunas y las más emblemáticas, «aunque sin lugar a dudas seguimos con el proceso».
El caso de Kevin Gómez (la primera sentencia condenatoria por causa del estallido social, con una pena de cinco años al funcionario militar), «a nuestro juicio una grave injusticia y un retroceso en materia de Derechos Humanos. También el caso de Benjamín Huerta, el de Rafael Rodríguez, que el día de los hechos tenía 13 años, y quizás el más emblemático y con ribetes internacionales, el asesinato de Romario Veloz y las lesiones graves a César Véliz y Rolando Robledo.
«El caso de Romario no tiene sentencia firme y ejecutoriada, toda vez que la defensa de los condenados ha presentado recursos de nulidad que han sido rechazados en la Corte de Apelaciones de La Serena. Luego presentaron un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, que también fue rechazado en el TC, y ahora enviaron un recurso de queja ante la Corte Suprema, que a la fecha se encuentra pendiente, por lo tanto todavía no tenemos una sentencia ejecutoriada por este recurso de queja».
Sin embargo, advierte que existen varios otros casos en que se obtuvo sentencia condenatoria, pero mediante un procedimiento abreviado.
