Durante tres días, el Instituto Nacional de Derechos Humanos se trasladó a la comuna para sostener reuniones con adherentes al proyecto minero Dominga y gente que está en contra. Sin embargo, un común denominador fue el abandono que sufren por parte del Estado.
Si bien no es interviniente en el proyecto minero portuario Dominga, el INDH entiende que por ser este uno de los conflictos socioambientales más relevantes de la actualidad en el país, algo debía hacer.
Y lo hizo. Primero presentó un informe en derecho ante la Corte Suprema, respecto de la etapa judicial en que se encuentra el proyecto, lo que finalmente fue rechazado por el máximo tribunal del país, y luego se reunió con autoridades y dirigentes de la comuna de La Higuera para actualizar el Mapa de Conflictos Socioambientales existentes en el país.
Esto, porque a juicio del Instituto Nacional de Derechos Humanos, existen varios aspectos de protección a los derechos humanos involucrados, y no sólo la conservación del medio ambiente.
«Desde ese punto de vista, el INDH ha tomado ciertas iniciativas relevantes, y sin ser intervinientes, sin ser terceros, entregamos este insumo de estándares sobre derechos humanos al tribunal para que lo considere en su determinación».
PUEBLOS INDIGENAS
EN CHUNGUNGO
Fue esta semana, y con el propósito de conocer eventuales impactos del proyecto, que el equipo regional se trasladó hasta el territorio ubicado al norte de la región (profesionales de distintas disciplinas) y por tres días se entrevistó con autoridades, organizaciones de la sociedad civil y comunidades del pueblo indígena Chango.
«El objetivo principal fue actualizar los datos del mapa de Conflictos Socioambientales del INDH y contar con información imparcial y relevante sobre el ejercicio de ciertos derechos humanos, tales como el derecho a la manifestación, a la libre asociación, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el derecho a la información, al agua…», contó Tarcila Piña, jefa regional del INDH.
Una de las primeras actividades fue reunirse con el alcalde Yerko Galleguillos, luego con la Asociación Comunal de La Higuera y sus representantes, y dirigentes de distintas localidades como La Higuera, Chungungo y Totoralillo. También se juntaron con las y los dirigentes de juntas de vecinos, de los APR, de las asociaciones gremiales de pescadores de Los Choros y Punta Choros y con las comunidades indígena Changa Juan Vergara e hijos y comunidad indígena Changos Álvarez Hidalgo de la caleta Chañaral de Aceituno, toda vez que el área de influencia del proyecto minero abarca una parte de la región de Atacama.
«El mapa de conflictos se inició en el año 2012 y es una plataforma que se pone a disposición de la gente de manera actualizada, cuyo catastro hoy es de 127 conflictos en diferentes estados. Algunos están activos, latentes y otros cerrados. Y cuando la información esté actualizada, pues también nos reunimos con la gobernadora Krist Naranjo, la idea es volver a las comunidades y explicar cómo funciona el mapa».
Este mapa se elabora desde la perspectiva de los derechos humanos sobre disputas de esta índole y que tienen o han tenido lugar en el país. ¿Cómo se define un conflicto socio medioambiental?
«Para nosotros son disputas entre diversos actores y que se expresan a través de diversas opiniones, posiciones, demandas por una afectación a los derechos humanos, lo que deriva al acceso y uso de recurso naturales e impactos», dijo.
Otro punto importante del mapa, destaca Piña, es que se encuentra el involucramiento de tierras de territorios indígenas, lo que indica que si los actores involucrados en el conflicto socio medioambiental invocan afectación a tierras, o territorios indígenas, inclusive cuando estas no sean parte del registro de la Conadi (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena)».
Las reuniones fueron con adherentes al proyecto y gente que está en contra, pero en los tres días hubo un denominador común: Un abandono por parte del Estado.
«Nos manifestaron como un común denominador, todas las agrupaciones a favor y en contra con las cuales conversamos, que la comuna de La Higuera sufría hace muchos años de un abandono total por parte del Estado en cuanto al desarrollo económico, a la conectividad. De hecho, recién hace muy poco terminaron un alcantarillado, y también nos comentaron de la situación de los Cesfam o postas rurales, por lo que existe una brecha grande sobre el acceso a la salud. Es decir que todo esto respondía claramente a un abandono total por parte del Estado en esta comuna», señala la directora del INDH.
