Una urgente preocupación embarga al sector de la pesca industrial de Coquimbo, por la demora en la reparación del frente portuario en que opera la flota crustacera y espadera, el cual resultó masivamente dañado por el maremoto del 16 de septiembre de 2015. A este hecho se suma la tardanza en el reemplazo de los dos máximos ejecutivos de la Empresa Portuaria de Coquimbo (EPCO), su presidenta, Jimena Castillo, y su gerente general, Francisco Villalón, ambos recientemente renunciados. En este último caso, dado que se trata de la entidad propietaria de los muelles, la ausencia de una presidencia y una gerencia amenaza con retrasar aún más los trabajos que permitan rehabilitar la funcionalidad del puerto y la normalización de las actividades pesqueras.
Así lo expresó el presidente de la Asociación de Industriales y Armadores Pesqueros de la Región de Coquimbo (AIP) y de la Multigremial Región de Coquimbo, Osciel Velásquez: “Estamos muy preocupados por esta situación, se la hemos hecho ver a parlamentarios de la zona: no puede ser que ya hace bastante tiempo que pasó lo del tsunami, todavía quedan temas por resolver. En el muelle pesquero industrial de Coquimbo, teníamos el ofrecimiento del antiguo gerente del puerto de repararlo y solamente tenemos un tercio, los dos tercios restantes no están. Queremos hacer un llamado, insistir a nuestras autoridades a nivel regional y nacional, que se solucionen los temas del puerto. En Coquimbo el sector pesquero es importante y hoy día no se está atendiendo”.
El dirigente gremial urgió al gobierno a resolver a la brevedad la acefalía en la empresa portuaria, de modo de activar soluciones a los problemas de fondo. “EPCO es una empresa del Estado. La presidenta se fue, el gerente se fue y quedaron temas pendientes. Necesitamos que se vuelva a la normalidad, se cumplan los plazos y los compromisos pactados. Queremos llamar a nuestras autoridades, a nuestro intendente, decirle que ponga en orden su casa; si ustedes quieren que sigamos teniendo empleo, que sigamos teniendo nuestras actividades, tenemos que dar las facilidades suficientes”, señaló.
Velásquez explicó que las malas condiciones materiales del muelle complican el cumplimiento estricto de las exigencias de inocuidad y trazabilidad de los productos de la pesca local crustacera –camarón nailon, langostino amarillo y langostino colorado–, los cuales, en una elevada proporción, se destinan a mercados en el extranjero. Igual cosa se da en la pesca del pez espada. Por lo mismo, las empresas del sector se han visto limitadas en sus posibilidades de recibir visitas en terreno de posibles nuevos clientes, restando competitividad a la industria coquimbana. “Nuestros productos son de exportación, cuando vamos a Estados Unidos nos controla el FDA (Food and Drug Administration), y son muy rigurosos; la Unión Europea, es muy complicado el tema de trazabilidad e inocuidad. Por lo tanto, no es lo mismo estar descargando donde hay hoyos, tierra, se nos exigen pisos lavables. No podríamos traer a un cliente para que vea las condiciones que están en el puerto. Nosotros, con recursos propios, hemos hecho lo nuestro, hemos solucionado temas de energía, tenemos electricidad, agua. Estamos esperando que el dueño de la propiedad se haga presente; no le pedimos construir un muelle nuevo, queremos que repare y deje habilitado para seguir operando”.
El presidente de la AIP aseguró que, pese a las condiciones limitantes, la industria crustacera completa –incluyendo flotas de pesca y plantas de proceso–ha logrado mantener prácticamente intacta su fuerza laboral, evitando al máximo los despidos.
PARTICIPACIÓN EN TALLERES POR LEY DE PESCA
En otro ámbito, Velásquez destacó la participación de la AIP en el proceso consultivo convocado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para el análisis de la realidad pesquera nacional, con miras al diseño de una propuesta de modificación de la Ley de Pesca y Acuicultura, solicitada por el gobierno chileno ante los cuestionamientos que dicha legislación ha recibido desde sectores pesqueros y políticos.
En estas actividades, la AIP presentó y avaló diversas propuestas, relacionadas con el funcionamiento de los comités de manejo y los comités científicos que inciden en la fijación de las cuotas de pesca; el fortalecimiento de las atribuciones fiscalizadoras de la Armada y el Servicio Nacional de Pesca, y el respeto a los derechos históricos de los pescadores, tanto artesanales como industriales, cuestión que se contrapone con la posibilidad de licitar periódicamente las cuotas.
