El pasado martes se llevó a cabo la audiencia para resolver la compleja situación legal que se vive en el Teatro Centenario. Cabe recordar que la denuncia se originó por el no pago de arriendo por parte del representante del espacio cultural, quien fundamenta su decisión de suspender la mensualidad en el supuesto incumplimiento del convenio por parte de su contraparte.
Por Joaquín López B.
Sebastián Bravo, administrador del Teatro Centenario, fue demandado por Luis Retamal, representante de Inversiones Alta Cruz SpA, quien acusa que no se le pagó durante varios meses el arriendo del local.
Desde el Teatro Centenario insisten en que el arrendador no cumplió con varios puntos del contrato, lo que los llevó a congelar el pago, con el fin de que se hiciera responsable de las demandas que presentaban.
No obstante, Retamal esgrime que entregó todas las facilidades para que se procediera al pago. Por esta razón, y al no lograr un acuerdo, decidieron llevar la instancia a tribunales.
Si bien en un primer momento la audiencia fue aplazada para el pasado martes 15 de marzo, los resultados del reciente encuentro no fueron los esperados. En esta ocasión, el representante de Alta Cruz SpA adelantó que se fijó una nueva audiencia para el próximo lunes.
Según Retamal, el administrador del teatro presentó una nueva contestación a la demanda, por lo que se les dio plazo hasta el lunes para responder. Para él, el escrito es muy similar al anterior, lo que —a su juicio— podría tratarse de una maniobra para dilatar lo más posible el proceso judicial.
Teatro no echa pie atrás
Para Bravo, si bien confirma que el pasado martes no se abordó ninguna materia de fondo, manifiesta que seguirán en busca de «justicia. Acá fuimos víctimas de un delito de estafa por parte de Luis Retamal».
«Nos arrendó el inmueble bajo el engaño de que tenía recepción municipal definitiva. No nos avisó que íbamos a tener que compartir suministros con otros restaurantes y locales comerciales. Demoró mucho en el cumplimiento de sus obligaciones respecto a nosotros, especialmente la del techo y la fachada», insistió.
La infraestructura es un tema delicado para el teatro, pues se vio gravemente dañada por el abandono y los intentos fallidos por remodelarlo. Al respecto, añadió que el arrendador «se comprometió a reparar el techo y no lo hizo».
Luego de enterarse de que no existía la recepción municipal definitiva, «se comprometió a tramitarla y se demoró seis meses en empezar. Además, en todo este tiempo hemos visto cómo él ha hecho todo lo posible por echar abajo el proyecto».
Bravo asegura que tuvo que correr con el costo de las reparaciones del techo, por lo que denuncia que Retamal estaría tratando de aprovecharse del trabajo que realizó para recuperar el espacio.
«Él ha estado haciendo todos los esfuerzos posibles por lograr el cierre y, hasta el momento, no ha sido fructífero, porque hemos regularizado todo lo que tenemos que hacer para mantenerlo abierto», señaló.
Asimismo, agregó que el Arzobispado estaría evaluando si Retamal continúa a cargo de la administración. «Nosotros hemos puesto en conocimiento del Arzobispado todos los incumplimientos del arrendador».
En el pasado, el representante de Alta Cruz comunicó que estaría dispuesto a continuar con Bravo si pedía disculpas públicas y retiraba la querella en su contra, pero Bravo fue categórico en su respuesta: «No tengo nada de qué disculparme. Yo actúo con honestidad, transparencia y dentro del marco legal».
En cuanto a la extensión de este juicio, aclaró que desde 2022 los juicios de arriendo son más ágiles.
Consultado por un eventual riesgo de clausura, respondió: «El principal riesgo es que yo me aburra de hacer negocios y decida cerrarlo yo. Desde que llegué con este proyecto, que aporta a la ciudad, me he enfrentado a demasiados problemas».
«Hay muchos rufianes dando vueltas en esta ciudad, y no sé si vale la pena mantener un proyecto vivo en un lugar donde quienes te tienen que apoyar te dan la espalda: desde el Arzobispado hasta el arrendador y las autoridades de la ciudad», puntualizó.
