El destituido edil de La Serena, cerca de la medianoche del martes, presentó el recurso que pretende revertir la sentencia del TER (Tribunal Electoral Regional), que lo destituyó de su cargo tras 12 años y tres periodos como jefe comunal. En el documento, redactado por sus abogados, se enfatiza en los intentos que se realizaron para saldar la deuda existente en la Corporación Municipal Gabriel González Videla.
Desde la tarde de este miércoles se ha podido comprobar que el ex alcalde Roberto Jacob ejerció su derecho a réplica frente a la sanción que dictaminó el TER (Tribunal Electoral Regional) el lunes 14 de octubre, la misma que lo destituyó a meses del fin de su mandato.
La apelación fue presentada el martes 22 de octubre, a las 22:38, a menos de una hora y media de que se cumpliera el plazo para recurrir al TRICEL (Tribunal Calificador de Elecciones), buscando revocar la sentencia.
Entre los puntos de la sanción que se debaten en el documento, destacan detalles considerados importantes debido al nivel de sanción, como lo es la primera respuesta que habría dado Jacob a la acusación de responsabilidad del estado de deudas de la corporación.
En el documento se asegura que el alcalde no construyó su defensa distanciándose del problema antes de afrontarlo, sino que en su contestación asegura que la responsabilidad es compartida con el directorio, y no personal o directamente suya, lo que resultaría en una imprecisión importante al tener en cuenta que se trata de la pena más grave posible, es decir la destitución.
Por otra parte, se establece que Roberto Jacob sí actuó en pos de buscar mejorar la situación, lo que iría en contra de lo que se tipificó en la acusación y sentencia como «notable abandono de deberes».
La apelación explica que la defensa nunca tuvo la finalidad de negar la deuda ni la eventual responsabilidad del alcalde, sino que existieron intenciones y actividades reales para saldar lo que se debía, por lo que no se trataría de analizar la actividad positiva o negativa de la autoridad edilicia frente a la responsabilidad. En este sentido, el escrito presentado por el abogado defensor de Jacob, Isidro Solís, establece que el TER no desconoce medidas correctivas, las que a su vez demuestran una actividad constante con miras a solucionar el tema de la deuda previsional, aseveración que es acompañada con un resumen de aportes municipales destinados a la corporación y convenios de pago por entidad.
Con tal documentación tributaria, según la apelación, no existe prueba que demuestre que el alcalde estuvo en posición de pagar más, mejor o con mayor velocidad, lo que se condice con que no existe ningún antecedente de disponibilidad presupuestaria. Por el contrario, se menciona que sí hay pruebas de la estrechez presupuestaria y el traspaso máximo de recursos disponibles a la corporación para enfrentar la deuda, enfatizando que lo pretendido no era resolverla en su totalidad, por el nivel de deuda, sino amortizarla con recursos existentes.
